La Fiscalía del Estado endurece su acción ante los accidentes de trabajo

La Fiscalía General del Estado, cuyo máximo responsable es Jesús Cardenal, no está satisfecha con su papel en la lucha contra la siniestralidad laboral, una lacra que coloca a España en niveles similares a los países del Tercer Mundo, con el doble de accidentes que en el resto de la Unión Europea. Por este motivo, la fiscalía ha decidido asumir una actitud más activa ante ese problema. Así lo anunció ayer el fiscal jefe de la secretaría técnica de la fiscalía, Fernando Herrero Tejedor, en unas jornadas sobre control y sanción por el incumplimiento de la normativa laboral.

Para depurar responsabilidades de modo más efectivo, se ha elaborado una instrucción que la fiscalía tiene previsto aprobar el próximo lunes y que podría estar en todas las fiscalías provinciales a finales de semana, con lo que su aplicación será inmediata. La instrucción no introduce cambios legales, sino modificaciones en el modo de actuar de la fiscalía. La circular insta a crear una división especial sobre siniestralidad laboral en las fiscalías provinciales 'donde el volumen de siniestros lo aconseje'. A este servicio se asignarán uno o dos fiscales, que se encargarán en exclusiva de perseguir los accidentes.

Además, se pretende que la Inspección de Trabajo y la fiscalía refuercen sus lazos de forma que los inspectores comuniquen los siniestros a los fiscales (al menos los graves) y que los centros médicos les envíen los partes de los accidentados. De este modo, la Policía Judicial podrá personarse en el lugar del siniestro y evitar que desaparezcan pruebas. Fernando Herrero añadió que el incumplimiento de las normas será sancionable aunque no desencadene consecuencias graves. La inspección y la fiscalía se reunirán cada dos meses para tratar sobre este asunto.

El responsable de la secretaría técnica de este organismo reconoció que la mayor parte de los siniestros se saldan con la impunidad de los responsables. 'En estos cinco años de aplicación del nuevo Código Penal [que recoge delitos contra los trabajadores], ha sido realmente ínfima la cifra de condenas por esos delitos', señaló Herrero. La anterior instrucción sobre siniestralidad laboral data de 1991. En 1996 se aprobaron la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Código Penal, sin que esto modificara el modo en que la fiscalía abordaba los accidentes en el trabajo. Herrero admite que la instrucción de 1991 no ha sido suficiente para penalizar los siniestros.

'Un nuevo horizonte'

Los sindicatos acogieron con optimismo la decisión de la fiscalía. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, la considera 'un paso importante que abre un nuevo horizonte' en la lucha contra la siniestralidad. José María Fidalgo, líder de CC OO, recordó que esta medida nace de una iniciativa sindical y confió en que sea 'un mecanismo de colaboración para aplicar la Ley de Prevención de Riesgos'. No obstante, Méndez, Fidalgo y el propio alto cargo de la fiscalía se mostraron partidarios de atajar los accidentes laborales principalmente reforzando la prevención y sin 'criminalizar a las empresas'.