Ninguno de los inmigrantes del encierro ha obtenido aún papeles
2.050 peticiones de regularización deben resolverse antes de un mes
De las 33.460 solicitudes de regularización que habían sido denegadas el año pasado en Cataluña y que han sido revisadas en el proceso de regularización extraordinaria decidida por el gobierno al aprobarse la ley de Extranjería, sólo han obtenido papeles algo más de 11.000. Los restantes 20.000 se han quedado definitivamente sin permisos.
Entre estos casos revisados figuran 102 inmigrantes que participaron en el encierro en las iglesias de Barcelona. Estos extranjeros ya habían presentado anteriormente la solicitud y por tanto su caso se ha tramitado al margen del acuerdo que permitió poner fin al encierro el pasado 7 de marzo.
Quedan, pues, por resolver las 2.050 solicitudes presentadas al amparo de aquel acuerdo, de las que 845 pertenecen a inmigrantes que participaron directamente en la protesta.
Norma Falconi, portavoz de los inmigrantes encerrados, advirtió ayer que la dilación en la resolución de los expedientes 'supondría un grave perjuicio' para los sin papeles, ya que las instituciones se comprometieron a procurarles alojamiento y comida sólo hasta el día 5 de junio. La Delegación del Gobierno aseguró que estas peticiones 'están en proceso de informatización' y añadió que se están sometiendo a un primer examen para comprobar si pueden ser aceptadas por motivos de arraigo o humanitarios.
El subdelegado del Gobierno, David Bonet, se reunió ayer con representantes de los inmigrantes, de los sindicatos y de Cáritas. Bonet señaló que para hacer frente al trabajo suplementario que comportará la tramitación de estas solicitudes y acabar con el colapso de la Oficina de Extranjería, se ha ampliado la plantilla fija en 60 nuevos funcionarios, se ha alargado hasta junio el contrato de 49 empleados y se contratará a 33 eventuales más para un periodo de seis meses.
Pese a ello, Norma Falconi expresó ayer sus dudas sobre la posibilidad de que la Delegación del Gobierno resuelva las peticiones presentadas en el plazo acordado. Los inmigrantes temen que el proceso se prolongue porque la Delegación del Gobierno ha decidido pedir a algunos solicitantes que rellenen un cuestionario para demostrar su arraigo. Los inmigrantes consideran que la huelga de hambre que realizaron 'constituyen pruebas suficientes de arraigo'.
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