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Editorial:

Gesto vacuo

En vísperas de las elecciones legislativas italianas del próximo día 13, las acusaciones contra el magnate mediático y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, por su antigua gestión en la cadena española Tele 5 adquieren una gravedad añadida. Esas acusaciones no son nuevas -figuran en el sumario por delitos societarios, falsedad documental y fraude a la Hacienda pública que instruye el juez Garzón e investiga la Fiscalía Anticorrupción desde 1997-, pero recuerdan el riesgo de que alguien sobre el que pesan imputaciones judiciales de corrupción llegue a regir los destinos de un país democrático.

A España debe preocuparle que si esa anomalía llega a producirse se deba, en buena medida, al turbio retraso del suplicatorio cursado por el juez Garzón en junio pasado al Parlamento Europeo. El Gobierno no ha aclarado todavía por qué estuvo perdido seis meses en algún despacho de la representación permanente de España en la Unión Europea. Ahora, el Gobierno se ha mostrado diligente en la tramitación del nuevo suplicatorio remitido por Garzón al Parlamento italiano. Se trata, probablemente, de un gesto vacuo, de cara a la galería, que apuesta por el triunfo electoral que las encuestas otorgan a la alianza Casa de las Libertades, que lidera Berlusconi. Si éste se convierte en jefe del nuevo Gobierno salido de las urnas -con el apoyo de Umberto Bossi y Gianfranco Fini, que poco tienen que envidiar en xenofobia y antieuropeísmo al partido del austriaco Haider-, la justicia quedará burlada y el amigo de Aznar, al que éste abrió las puertas del Partido Popular Europeo, habrá logrado zafarse de las acusaciones que se le hacen.

Las sospechas sobre la protección brindada por el Gobierno de Aznar a Berlusconi no desaparecen con la normal tramitación del suplicatorio cursado al Parlamento italiano. El hecho demuestra, en todo caso, que las dudas suscitadas sobre el procedimiento de los suplicatorios -argumento aducido por el Gobierno para justificar el bloqueo del que se cursó al Parlamento Europeo- son ficticias y que huelgan las consultas de distracción al Consejo de Estado. Como es lógico, el conducto para comunicarse con instancias no nacionales no puede ser otro que los servicios diplomáticos del Estado. El Gobierno así lo ha entendido en el caso del nuevo suplicatorio remitido por el juez Garzón. Habría que aclarar, como solicita el fiscal anticorrupción, si desde algún despacho diplomático español se ha obstruido la acción de la justicia con el propósito de echar una mano a Berlusconi en su campaña electoral.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de mayo de 2001