Derechos que cambian con la mudanza

Un matrimonio es un matrimonio, viva en Madrid o en Barcelona. Una pareja de hecho, no: cambiar de residencia o de trabajo puede modificar legalmente sus derechos y deberes.

Los primeros en reconocer las parejas de hecho fueron los ayuntamientos. El alcalde peneuvista de Vitoria José Ángel Cuerda creó en 1994 el primer registro municipal. Más de 2.000 localidades han seguido su ejemplo, entre ellas Madrid, Leganés y Getafe. También numerosos convenios colectivos reconocen ya al conviviente los mismos beneficios que al cónyuge.

Cataluña fue la primera comunidad autónoma en aprobar, en julio de 1998, una ley para las uniones de hecho. Aragón promulgó en marzo de 1999 una normativa similar a la catalana, con la salvedad de que las competencias autonómicas son distintas. En ambos casos, el PP se opuso.

Navarra reguló, en junio de 2000, estas relaciones. Su ley permite la adopción de niños por parejas homosexuales. La Unión del Pueblo Navarro, socio del PP, que gobierna en minoría la comunidad, no pudo evitar que saliera adelante la propuesta, que apoyaba toda la oposición. El PP recurrió en octubre la ley ante el Tribunal Constitucional.

La Comunidad Valenciana ha sido, en marzo, la última en legislar estas relaciones. Por primera vez, el PP tomaba la iniciativa. La propuesta nació con el visto bueno del Col-lectiu Lambda (principal asociación de gay y lesbianas valenciana). Por el camino, la iniciativa fue cambiando. Desaparecieron la mención a la defensa de la familia y el requisito de que hubiera una relación de afectividad análoga a la conyugal entre sus componentes. IU y PSOE votaron en contra porque opinaban que la ley se quedaba corta. Asturias y Baleares han anunciado leyes de parejas de hecho para antes de verano.

Mientras tanto, en el Congreso, PSOE, BNG, IU, EA e Iniciativa per Catalunya han propuesto que se modifique el Código Civil y se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, la auténtica reivindicación de gay y lesbianas. El PP se opone, y defiende desde la pasada legislatura un proyecto de Ley de Uniones Civiles que todavía no ha llegado a discutirse en comisión parlamentaria.