El FSLN demanda al presidente de Nicaragua por injurias y calumnias

La demanda por injurias y calumnias que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha interpuesto contra el presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, si bien es improbable que prospere, ha marcado el fin del pacto entre oposición y Gobierno. En la tarde del pasado viernes, miembros de la cúpula sandinista acudieron a un juzgado de la capital para que el juez determine si las declaraciones del mandatario que relacionan al FSLN con los recientes asesinatos ocurridos en el norte del país son constitutivas de delito. "El Frente Sandinista fue en los 70 asaltabancos, robacaminos y asesino de miles de personas. Hoy nos van a querer aterrorizar a los demócratas para que no vayamos a depositar el voto para que no regrese el pasado", declaró Alemán después de la muerte de cuatro miembros de una misma familia y una quinta víctima, todos activistas del partido gubernamental, presuntamente a manos del Frente Unido Andrés Castro (FUAC). Este grupo armado está formado por remanentes del extinto Ejército Popular Sandinista que luchó en la guerra civil de la década de los 80 y, según asegura Alemán que le ha comunicado la Policía, está "financiado y dirigido por el FSLN".

La demanda fue presentada por líderes sandinistas de la zona donde se cometieron los crímenes, que han negado todo vínculo con los armados y condenado enérgicamente los asesinatos. Con toda probabilidad, de aceptarse a trámite la demanda, Alemán se escudará en la inmunidad parlamentaria que le otorga su cargo para evitar un proceso judicial. Si los sandinistas solicitan el desafuero del mandatario, algo que por ahora no han hecho, no contarán con el necesario apoyo en la Asamblea: necesitarían 66 de los 93 escaños que integran el parlamento y sólo cuentan con 36.

Pero la intención de los demandantes puede ser no llegar a un juicio, según ha insinuado el secretario general del FSLN, Daniel Ortega. "Lo que pretende el FSLN es que Alemán se retracte públicamente", ha declarado.

Si bien la demanda no abrirá juicio, sí ha servido para certificar el fin del acuerdo que han mantenido desde 1998 la fuerza opositora y el gubernamental Partido Liberal Constitucionalista (PLC).