La justicia, en espera

La justicia sigue a la espera de lo que los poderes públicos decidan sobre su futuro. El pacto de Estado para su reforma, anunciado por el ministro Ángel Acebes al inicio de la actual legislatura, no acaba de cerrarse. Tanto Aznar como Rodríguez Zapatero siguen expresando puntos de vista alejados sobre la forma de elección de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial -el primero, a favor de los jueces; el segundo, a favor del Parlamento, como sucede ahora- que obstaculizan el acuerdo global.

Resolver de una vez la controversia sobre la elección de los miembros del órgano de gobierno de la judicatura constituye un asunto institucional y políticamente relevante. La legitimidad democrática de esa institución del Estado no puede seguir estando bajo sospecha. Pero ese asunto no debería distraer al partido del Gobierno y a la oposición del verdadero objetivo de la reforma: hacer de la Administración de justicia un servicio público ágil y eficaz, a la vez que accesible y transparente a los ciudadanos. En todo caso, las divergencias entre el PP y el PSOE pueden no ser tan distantes como aparentan. Si se trata de que 'el órgano de gobierno de los jueces deje de lanzar el mensaje de vinculación de sus miembros a los partidos políticos', como acaba de señalar el ministro Acebes, hay fórmulas para neutralizar ese efecto sin sustraer la elección de ese órgano constitucional al Parlamento.

La justicia no es sólo cosa de jueces; también lo es de abogados, juristas y el conjunto de ciudadanos. La elección corporativa de 12 miembros del Consejo del Poder Judicial -su mayoría- supondría entregar el gobierno de un poder del Estado al exclusivo control de los jueces, instaurándose así una especie de autogobierno judicial chocante en una democracia. Y no evitaría la politización de la justicia, como arguyen sus defensores. Basta recordar la elección corporativa del primer Consejo del Poder Judicial, entre 1980 y 1985, convertida en batalla entre los diversos sectores judiciales y atizada desde fuera por los partidos y el Gobierno de entonces.

La renovación, en julio próximo, de los 20 vocales del Consejo demostrará hasta qué punto es sincera la voluntad de los partidos de dar de lado el bochornoso sistema de cuotas. Porque esa renovación seguirá estando en manos del Parlamento. Si los partidos quieren acabar con las cuotas -y no con la elección parlamentaria, como parece pretender el PP-, hay una manera de hacerlo: compartir con los colectivos jurídicos y sociales -asociaciones de jueces, colegios de abogados y procuradores, facultades de Derecho, asociaciones de usuarios de la justicia...- la predesignación de candidatos con los que formar ternas que permitan al legislativo la elección del más cualificado. De esa forma, u otra similar, se difuminaría la vinculación partidaria de los designados y se evitaría el corporativismo.