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Tribuna:

Financiación autonómica y poder valenciano

El inicio, cada vez más próximo, de la negociación para sustituir el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) vuelve a poner de relieve la necesidad de diseñar un sistema estable para dotar a las administraciones autonómicas de los recursos necesarios con los que hacer frente a la prestación de los servicios de su competencia. Esta necesidad, urgente desde una perspectiva valenciana, es importante por muchas razones.En primer lugar, por cuanto el sistema de financiación autonómica es un elemento central para garantizar, mediante mecanismos de solidaridad, la igualdad básica en la percepción de servicios entre todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad en donde residen. En segundo, porque del mismo dependen las posibilidades de desarrollo efectivo de autogobierno de las autonomías y, por tanto, de la Comunidad Valenciana. Y en tercero, por cuanto existe una práctica unanimidad de que el sistema actual contiene importantes asimetrías de unas comunidades frente a otras.

Esta discriminatoria situación es bien conocida por los especialistas y ha sido, una vez más, puesta de relieve en un reciente estudio del profesor Ángel de la Fuente del Instituto de Análisis Económico. Sus conclusiones reiteran la existencia de tres carencias fundamentales en la situación actual: la desigualdad y arbitrariedad en el reparto de los recursos; el acusado déficit de autonomía y la ausencia de una corresponsabilidad fiscal efectiva por parte de las administraciones territoriales. Las razones que han conducido a esta insatisfactoria situación son numerosas. Pero entre ellas no es la menos relevante la ausencia de consenso con la que se aprobó el sistema hoy vigente al convertirlo en moneda de cambio para conseguir la investidura de Aznar tras las elecciones de 1996.

Aquella frívola decisión ha conducido a que los últimos cinco años hayan sido cinco años perdidos en el avance hacia un sistema estable. Han sido un período durante el cual los valencianos hemos empeorado sustancialmente nuestra posición, frenando las posibilidades de corregir nuestras carencias tanto en la prestación de servicios públicos básicos como en las marcadas insuficiencias existentes en la formación laboral o en la densidad tecnológica de nuestras empresas.

Dentro de este contexto, el denominado modelo Zaplana ha demostrando ser hasta ahora una operación de marketing. Porque dentro del mismo es imposible encontrar una propuesta concreta de cómo debe articularse la financiación de las CCAA que cumpla estos tres objetivos. La propuesta Zaplana, que ni es un modelo ni es siquiera original, se centra exclusivamente en los mecanismos de obtención de recursos, apostando, como muchos otros, por aumentar los tributos cedidos y reducir las transferencias. Pero ignora el elemento fundamental tanto para la estabilidad futura del sistema, como para la sociedad valenciana: la cuantía de los recursos necesarios para cumplir los principios de igualdad y de solidaridad respecto al resto de las CCAA. Porque con el sistema vigente, la financiación por habitante de la Comunidad está en el último lugar de España. Esto es, los recursos necesarios para poder contar con unos servicios similares a los de otras autonomías están muy alejados de los percibidos. Y de los mecanismos para corregir esta situación, el mal llamado modelo Zaplana no dice ni una palabra.

Las cifras son concluyentes. La estimación de recursos para el 2001 refleja que hoy la Comunidad cuenta sólo 117.000 pesetas. por habitante, un 50% menos que Extremadura, 40% menos que Castilla y León o un 30% menos que Galicia. Al mismo tiempo, la evolución de los recursos por habitante desde 1996 al 2001 en las CCAA demuestra los desastrosos efectos que ha tenido para los valencianos el modelo aprobado en 1996 por el PP: la Comunidad ha perdido posiciones respecto a todas las demás. Así, si en 1996 Andalucía y Galicia tenían una financiación por habitante un 14,4% y un 22,8% superior respectivamente, en 2001 la diferencia es del 19% y un 31%. Todos los datos arrojan dos conclusiones irrebatibles: los valencianos contamos con una financiación por habitante inferior a la cualquier otra comunidad española y, lo que es peor, somos los que más hemos perdido en los cinco últimos años, pese a las loas del PP valenciano al sistema hoy vigente. Una posición que, además, va unida, al espectacular aumento del endeudamiento. La manifiesta incapacidad, no ya para aumentar los recursos disponibles, sino simplemente para mantenerlos pone de relieve las acusadas limitaciones de la política del PP valenciano, interesado hoy en convertir en cuestión de Estado lo que hasta ayer ha sido un puro ejercicio de autopropaganda. A este respecto, caben pocas dudas de que Fraga para Galicia o Lucas, hasta hace poco, para Castilla-León han conseguido una posición mucho más favorable que Zaplana.

Lo cual pone en cuestión la capacidad real de influencia del presidente de la Generalitat en la política española. Porque el tan publicitado poder valenciano se ha demostrado también inexistente para obtener mayor financiación. Una financiación imprescindible para la prestación de unos servicios sanitarios o educativos similares a los existentes en otras comunidades o para poder colaborar con el conjunto del empresariado, y no sólo con sus amigos políticos, en afrontar los desafíos que imponen las graves carencias tecnológicas del tejido productivo.

Bienvenido sea, pues, el anunciado debate parlamentario si éste sirviera para conocer qué propuestas pretende defender el Consell para superar la negativa discriminación consolidada durante su mandato. Mientras éstas se concreten, sin embargo, la única esperanza real frente a una situación que ofrece escasos resquicios para la autocomplacencia seguirá residiendo en que el nuevo modelo de financiación exige un pacto de Estado entre las fuerzas políticas con posibilidades reales de gobernar en el Estado y en las Comunidades Autónomas, como es el partido socialista. Porque, por más que se intente ocultar, el resultado de la actuación del gobierno de Eduardo Zaplana ha sido tan contundente como negativa: situarnos a la cola en financiación y a la cabeza en endeudamiento.

Ricard Torres es Secretario de Economía PSPV-PSOE

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de abril de 2001