Los 'okupas' de Lavapiés buscan apoyo oficial para seguir en el edificio

Los okupas de El Laboratorio II, un edificio de la plaza de Cabestreros

(Lavapiés) pendiente de desalojo, se han reunido en los últimos días con las consejeras de Cultura, Alicia Moreno, y de Servicios Sociales, Pilar Martínez, para intentar que apoyen su permanencia en el edificio, un bloque privado de pisos, vacío durante 22 años, que utilizan desde el 6 de enero de 1999.

En ambos encuentros estuvieron acompañados por representantes de IU, de la asociación de vecinos La Corrala y de Ecologistas en Acción, algunas de las entidades partidarias de que El Laboratorio se quede en Lavapiés por considerar que con sus actividades (talleres, jornadas, reuniones vecinales y de inmigrantes) cumple una función social en el barrio. También esperan entrevistarse con la primera teniente de alcalde, Mercedes de la Merced.

Según los okupas, las consejeras 'consideraron importante la conservación de esta iniciativa autogestionaria y se comprometieron a dar pasos para estudiar, con el Ayuntamiento, una solución que impida el desalojo'. Portavoces de la Consejería de Servicios Sociales puntualizan que Martínez no llegó a ningún compromiso. 'Es un tema de competencia municipal', añaden.

El propósito de estos jóvenes y de las asociaciones que les apoyan es buscar alternativas al desalojo con el Ayuntamiento, la Comunidad y el dueño. Proponen a las instituciones que compren el inmueble o que lo expropien. Ponen como ejemplo el caso de la Escuela Popular de la Prospe, otra iniciativa autogestionaria a la que la Comunidad ha cedido un edificio en Chamartín después de que el arzobispado, dueño de su anterior sede, obtuviese el permiso judicial para echarlos.

Un embrollo judicial

El 22 de marzo, el Juzgado de Instrucción 43 ordenó el 'desalojo inmediato' de El Laboratorio II siguiendo el mandato de la Audiencia Provincial. Pero, 10 días después, la Audiencia lo suspendió atendiendo a la petición de los okupas que, a través de su abogado Endika Zulueta, se quejaron de no haber podido presentar alegaciones a la orden de desalojo y plantearon que, como había un diputado de IU, Juan Ramón Sanz, autoinculpado como okupa, el caso debía pasar al Tribunal Superior de Justicia.

La semana pasada el Tribunal Superior decidió que Sanz no puede considerarse autor de un delito de okupación (castigado con multas de tres a seis meses sustituibles en caso de impago por arrestos de fin de semana) porque 'sólo acudió al edificio a charlas' y negó su competencia en el caso. Pero el diputado ha presentado un escrito al Tribunal en el que reitera su condición de okupa y ahora los magistrados deberán decidir de nuevo.

Por otra parte, la Audiencia ha aceptado dar a estos jóvenes cinco días para que, como pedían, presenten alegaciones al desalojo. La causa está ahora, por tanto, en manos de dos tribunales: el Superior y la Audiencia.