El fiscal general de Panamá, acusado de "negligencia"

Nunca había estado tan cerca de la puerta. El procurador (fiscal general) de Panamá, José Antonio Sossa, se debate en un reflujo de denuncias y demandas, de contrademandas y descargos, después de que la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa concluyera que existen suficientes indicios para juzgarlo por "negligencia" en el ejercicio de su cargo.

El hombre que tiene la llave de su futuro es Arturo Hoyos, magistrado de la Corte Suprema. Hoyos acaba de emitir un proyecto de fallo que exime a Sossa de responsabilidades; pero, ante la opinión desfavorable de al menos siete de los nueve miembros de la Corte, no ha tenido más remedio que elaborar un proyecto alternativo. Y en eso anda.

La Comisión de Drogas de la Asamblea recomendó la "separación" del cargo de Sossa en enero de 2000 por supuesta negligencia en la investigación de los casos Harris y Alfredo Oranges.

Pero más bien debió decir en la "no investigación" de estos personajes, puesto que, de acuerdo con los legisladores, el procurador protegió con su inacción a Marc Harris, quien proporcionó impunemente servicios financieros a narcotraficantes y estafadores, y a Oranges, ex aspirante a candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y presunto eslabón en un caso de tráfico de armas y lavado en el que estaba involucrada la mafia siciliana.

El FBI envió en 1997 a Panamá una petición de asistecia para investigar a Harris por supuesto lavado de dinero; Sossa prohibió cualquier colaboración, de acuerdo con el propio jefe de la Policía Técnica Judicial en aquel momento, Alejandro Moncada. Interpol de Chile y de Alemania hicieron solicitudes semejantes en relación con operaciones financieras de The Harris Organisation en aquellos países.

Por otro lado, las autoridades anti-mafia de Italia enviaron al procurador en 1998 documentos en los que se vinculaba al político panameño con una organización criminal investigada en la Operación Malocchio. Sossa, según se desprende de los documentos italianos, restó importancia a las pruebas remitidas a Panamá y se negó a cooperar con las autoridades de aquel país.

De la Asamblea, el expediente Sossa -que a la sazón se extendía a lo largo de 1.873 páginas- pasó a manos de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien actuaba como fiscal del caso instruyendo el sumario. Meses después, en julio de 2000, ésta pidió un sobreseímiento provisional para el procurador. Irónicamente, admitió en su vista que, en el caso particular de Oranges, Sossa había faltado a sus deberes de investigar el supuesto delito y que éste tuvo una actuación "inaceptable". "Sorprende", dijo Montenegro de Fletcher en la vista, que, pocos días antes de recibir la solicitud de asistencia judicial de Italia, el procurador formulara una declaración pública en la que negaba la vinculación de Oranges con el narcotráfico. Hoyos tiene ahora la pelota en su tejado.