Un juez francés encuentra indicios de corrupción en el presidente Chirac
La eventual acusación contra el jefe del Estado depende ahora del Parlamento
El Alto Tribunal francés (cuya actuación necesita de un voto previo de las dos Cámaras) no es un órgano jurisdiccional. Resulta imposible compararlo con el Tribunal Supremo español, al que los jueces de instrucción envían los sumarios cuando aparecen indicios contra personas aforadas (por ejemplo, los ministros o el jefe del Gobierno). Ese Alto Tribunal francés es paritario: está compuesto de 12 diputados y 12 senadores. La iniciativa para que comience a actuar depende del voto de la Asamblea y el Senado; la primera, dominada por las fuerzas de izquierda, y el segundo, con mayoría conservadora, que podría servir de bloqueo.
Así pues, iniciar o no un procedimiento contra el jefe del Estado depende de que exista un amplio consenso político; un asunto con alta potencialidad explosiva a un año justo de la próxima elección presidencial.
Ésta es la segunda vez que un juez de instrucción se declara incompetente para investigar a Chirac. Otro magistrado hizo lo mismo hace dos años, tras encontrar 'indicios graves y concordantes' de presunta responsabilidad del presidente en un caso de malversación de fondos para empleos ficticios. La investigación ha quedado bloqueada: ni las Cámaras han seguido con el caso ni tampoco se ha cerrado el sumario, porque un tribunal superior ordenó que la investigación siguiera adelante sin Chirac. El procesado de más alto rango en esa causa es el ex primer ministro conservador Alain Juppé.
A partir de ese caso, el diputado socialista Arnaud Montebourg emprendió una campaña de recogida de firmas en la Asamblea Nacional para intentar el procesamiento del presidente. Nunca consiguió reunir más de una decena, porque Lionel Jospin y los principales dirigentes socialistas no quisieron ir tan lejos. Se necesitan las rúbricas de 58 diputados y 33 senadores (la décima parte de cada una de las dos Cámaras) para que el Parlamento examine una propuesta de acusación contra el jefe del Estado; los 24 parlamentarios del Alto Tribunal sólo podrían estudiarla si reciben la aprobación previa de ambas Cámaras.
Nixon y el Watergate
Montebourg se declaró ayer dispuesto a renovar sus esfuerzos en vista de las últimas decisiones del juez. 'Tenemos que enfrentarnos a esta situación como el pueblo norteamericano tuvo que enfrentarse a la acusación de Richard Nixon en el asunto del Watergate', argumentó. En el Elíseo, donde vive y trabaja el jefe del Estado francés, se escucha otra opinión. 'A los franceses no les gusta que se ataque a su presidente', dicen fuentes de la presidencia.
Lo que el juez Halphen ha comunicado a la fiscalía deja escaso margen de duda. Si por él fuera, habría que actuar contra Chirac, porque 'ahora existen indicios' de que 'ha podido participar, como autor o cómplice, en la comisión de las infracciones' objeto de su instrucción. Y deja aún más claro que si no va más allá es porque constitucionalmente le está vedado.
El sumario ha permanecido abierto siete años, a lo largo de los cuales se ha investigado la adjudicación de diferentes obras públicas en París, alrededor de las cuales se habría constituido un sistema de fraude para generar comisiones ilegales a favor de la financiación de varios partidos políticos, principalmente el neogaullista Unión por la República (RPR), fundado por Chirac. Las dos piezas que implican al jefe del Estado son los testimonios de Jean-Claude Méry, hombre clave en la financiación oculta del RPR, cuya declaración fue incorporada a las actuaciones una vez fallecido su autor y después de que Le Monde diera cuenta de su existencia. El otro testimonio corresponde a uno de los procesados, François Ciolina, ex director general de la Oficina de Obras Públicas de París, que imputa a Chirac la responsabilidad del tinglado.
