Dos órdenes religiosas acusan a De la Rosa de apropiación indebida

Las congregaciones religiosas se consideran perjudicadas por la venta de los terrenos del parque de atracciones de Salou y Vila-seca -propiedad en 1994 de Grand Península- a Incosa, sociedad filial de La Caixa, en mayo de aquel año. La querella afirma que la venta se produjo 'muy por debajo de su valor, en perjuicio de los accionistas de Grand Tibidabo', que está en quiebra voluntaria.

La venta del 70% del capital de Grand Península a Incosa permitió, según los querellantes, 'la liquidación de préstamos del propio Javier de la Rosa'. Las congregaciones religiosas reclaman responsabilidad civil a Incosa y La Caixa. En la querella se afirma que De la Rosa vendió el 70% de la sociedad propietaria de los terrenos 'por el precio irrisorio de 4.909 millones de pesetas, que correspondían a su valor en libros, cuando la Sociedad de Tasación lo hace en 30.017 millones'.

El director de los servicios jurídicos de La Caixa, Sebastián Sastre, admite que 'el valor desembolsado por las acciones era coincidente con el valor teórico contable'. Sin embargo, puntualiza: 'El coste de adquisición de las acciones para Inmobiliaria Colonial fue de 10.509 millones, puesto que esta sociedad asumió también la obligación de desembolsar dividendos pasivos por valor de 5.601 millones, además de los 4.908 millones de la venta'. La Caixa afirma que 'es falso que se amortizaran créditos de De la Rosa con el importe de esta operación'.