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El PSC pide la retirada del proyecto de ley de urbanismo

El PSC ha presentado una enmienda a la totalidad, con petición de retorno, al proyecto de ley de urbanismo presentado en el Parlament por el Gobierno catalán. El consejero de urbanismo en el gobierno alternativo de Pasqual Maragall, Oriol Nel.lo, explicó ayer que su formación sostiene la necesidad de una ley de urbanismo, pero que no puede aceptar la presentada por el Ejecutivo que preside Jordi Pujol porque es lesiva para el desarrollo urbanístico catalán.

'La ley tiene que contener la dispersión y la especialización territorial, y la del Gobierno catalán no lo hace. Al contrario, contribuye a la segregación social por falta de actuaciones en barrios y municipios', dijo Nel.lo.

En su opinión, el proyecto sólo pretende adaptar el marco legislativo catalán a las nuevas normas liberalizadoras del Gobierno del PP, que convierte todo el suelo, excepto el protegido, en urbanizable.

La norma dictada por el Gobierno central lamina las competencias de la Generalitat, afirmó Nel.lo, que calificó de 'escandaloso' que una formación que se dice nacionalista haya permitido tal pérdida de competencias negándose a recurrir al Tribunal Constitucional.

'Una ley del suelo tiene que hacerse por consenso, porque implica a administraciones de todos los colores, pero CiU sólo ha buscado el acuerdo con el PP, y eso hasta límites grotescos', dijo, y recordó a continuación que el Consell Executiu no se atrevió a aprobar el proyecto hasta que los conservadores le dieron el visto bueno.

La ley, aseguró Oriol Nel.lo, suprime competencias de la Generalitat, invade la autonomía municipal y deja a los ayuntamientos sin medios, modifica el régimen del suelo y rompe el modelo catalán de planificación territorial, dijo el responsable de urbanismo del PSC. En su opinión, los municipios tendrán serias dificultadas para promover programas de actuación integral o viviendas protegidas, y las poblaciones pueden crecer de forma dispersa.

Nel.lo explicó que el Gobierno catalán se ha puesto en contacto con los socialistas para conocer su posición respecto a la ley y que se le había comunicado el rechazo global que despierta una norma que sólo apoyan, dijo, el PP y los constructores de viviendas que buscan el máximo beneficio. 'El Gobierno no puede plegarse a las constructoras', sostuvo, antes de insistir en que Cataluña debe defender el 'modelo urbanístico catalán' de espacio, donde conviven vivienda e industria sin machacar el campo y las zonas de ocio y servicios, frente a un urbanismo 'segregado'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de abril de 2001