Santa Bárbara deberá mejorar la seguridad antes de su privatización

Fuentes conocedoras de la empresa de armamento admiten que hasta ahora se ha pasado por alto sus incumplimientos de la normativa sobre seguridad y medio ambiente, pero advierten de que esta situación no podrá mantenerse cuando sea de propiedad privada.

La situación se agrava por la entrada en vigor del reglamento de explosivos de 1998. Dicho reglamento establecía periodos transitorios para aplicar las nuevas normas de seguridad. En concreto, fijaba un año de plazo (hasta mayo de 1999) para las normas en materia de seguridad ciudadana; cuatro (hasta mayo de 2002) para las relativas a instalaciones en fábricas, talleres y depósitos; y cinco (mayo de 2003) para lo referido a distancias de emplazamiento entre edificios. Estas últimas, que obligan a la reordenación de los inmuebles, son obviamente las más costosas.

Por lo que se sabe del acuerdo con General Dynamics, que hoy será presentado en el Parlamento por Ferreras, éste atribuye a la compañía estadounidense la "responsabilidad plena en el cumplimiento de la normativa medioambiental, de explosivos y seguridad industrial a partir del momento de la transferencia", pero obliga a la SEPI a aportar fondos para realizar la adaptación de las factorías.

El Gobierno ha cifrado en 25.000 millones de pesetas el coste que supondrá para las arcas públicas la privatización. No ha especificado, sin embargo, cómo se desglosa esta cifra, ni si incluye todas las inversiones previstas para adaptar las fábricas a la normativa medioambiental y de explosivos, que algunas fuentes cifran en 10.000 millones de pesetas y otras, en una cantidad cinco veces superior.

Tras la decisión del Ejecutivo a favor de General Dynamics y en perjuicio del consorcio alemán Krauss Maffei Wegmann, la venta de Santa Bárbara está pendiente de que la compañía norteamericana asuma el acuerdo de protección de tecnología del carro de combate Leopard y de la determinación del canon que pagará a Defensa por el alquiler de las instalaciones, entre otros flecos.

El hecho de que dicho ministerio mantenga la propiedad de las fábricas, para evitar su reversión a los herederos de los expropiados, le obliga a extremar el cumplimiento de las medidas de seguridad y medioambientales, so pena de tener que enfrentarse en el futuro a eventuales responsabilidades.