Investigadores y CC OO atacan el plan de contratos de Ciencia y Tecnología

El Programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ofrece 800 contratos de cinco años a investigadores en 2001 para 'favorecer la inserción de doctores' en el sistema de investigación, ha desencadenado una oleada de duras críticas. En comunicados distintos, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) y Comisiones Obreras coinciden en acusar a Ciencia y Tecnología de 'engañar' y de 'lanzar globos sonda' que provocaron 'falsas expectativas y tensiones extremas'.

Denuncian, además, que el plan 'no resuelve en absoluto' la situación y que la fórmula de contratación 'fuerza la legalidad'. Critican la exigencia del ministerio de solicitar a las comunidades autónomas y centros de investigación un plan de creación de puestos de empleo a siete años vista, y en sólo 15 días. Por su parte, Izquierda Unida solicita la comparecencia de la ministra Anna Birulés en el Congreso de los Diputados.

El ministerio empezó anunciando, el año pasado, contratos de cinco años renovables por otros cinco tras una evaluación, para 'recuperar cerebros' en el extranjero. El plan finalmente presentado sólo ofrece contratos de cinco años y renuncia al objetivo de atraer a los científicos ya consagrados, reconociendo implícitamente que la oferta es poco atractiva para éstos. La FJI considera que este programa es un 'parche' y que el ministerio ha 'manejado a la opinión pública e incluso engañando tanto al personal científico como a los gobiernos de las comunidades autónomas o las universidades'. En su opinión, el modelo de contrato propuesto viola el Estatuto de los Trabajadores y 'supone una mera sustitución de los actuales contratos de reincorporación (de tres años y no renovables) por otro en el que la situación de inestabilidad se alarga por dos años más'.

CC OO pregunta a Birulés 'qué cambios legislativos se introducirán en el Estatuto de los Trabajadores para evitar el fraude de ley en estas contrataciones', y duda de que las universidades y los centros de investigación puedan planificar sus plantillas futuras en sólo 15 días, 'cuando la oferta pública de empleo es fijada año a año'.