Autoridades y ONG se muestran impotentes para controlar a los menores inmigrantes en Canarias

A primeros de mes el juzgado de Las Palmas recibió una denuncia insólita: tres policías nacionales afirmaban haber sido agredidos cuando intentaban sofocar una pelea en el centro de acogida de menores de La Montañeta. La dirección del lugar había requerido su ayuda ante la impotencia de los educadores para impedir que un grupo de marroquíes linchara a un saharaui.

Cuando lograron poner fin al tumulto los agentes intervinieron varios trozos de hachís, una pistola de balines, dos cuchillos y cuatro porras de fabricación casera: estacas cuyo extremo había sido envuelto en papel de lija y atravesado por decenas de clavos. Además, el día 4 una educadora denunció haber sido agredida por cuatro chicos mientras esperaba el autobús para volver a su domicilio.

En La Montañeta están tres de los siete centros de acogida de menores inmigrantes que existen en el archipiélago. Entre todos suman 110 plazas: 60 en Gran Canaria, 30 en Fuerteventura, 10 en Lanzarote y 10 en Tenerife. Dependen del Cabildo de la isla, que ha encargado su gestión a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Pero el personal de esta prestigiosa ONG está desbordado por las situaciones en las que le colocan con frecuencia algunos de los 60 muchachos marroquíes, saharauis y subsaharianos que viven allí. Sus responsables han pedido la repatriación de 23 de ellos. Consideran que su integración es prácticamente imposible y perjudica la de sus 32 compañeros, que se quejan de que por su culpa los 'miran mal por la calle'. Además de al consumo de hachís, algunos de los revoltosos son adictos a pegamentos y disolventes, que inhalan.

Más repatriaciones

El consejero de Asuntos Sociales del Cabildo, Mario Hernández Sanginés, ha declarado al diario Canarias 7 que ha denunciado 'por escrito' esta situación al Gobierno autónomo en 290 ocasiones. Sus quejas han sido atendidas por el consejero de Asuntos Sociales, Marcial Morales, que ha respondido con varias medidas, entre ellas el fomento de la política de 'reagrupamiento' de los adolescentes con sus familiares en África. Frente a los diez repatriados a lo largo de todo el 2000, en lo que va de año ya han sido devueltos a Marruecos seis menores. Pero el proceso es complicado.

La ley establece que el Ejecutivo autónomo, que tiene la tutela de los muchachos, ha de localizar a sus familiares. Después debe dirigirse a la Delegación del Gobierno para que ejecute el procedimiento. El mes pasado fueron devueltos cuatro del centro de Puerto del Rosario, gestionado también por CEAR. Atemorizados por la posibilidad de ser los siguientes, sus 24 compañeros se dieron a la fuga. 18 de ellos aún están en paradero desconocido. Entonces CEAR, la misma organización que denuncia la situación de La Montañeta, protestó por la actuación policial. La repatriación presenta un problema añadido: sólo es posible devolver a los llegados de Marruecos. Desde su toma de posesión, hace ya más de un año, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, no ha logrado firmar un solo convenio con ningún país de África.

La actitud de la sociedad hacia el 'reagrupamiento familiar' es además contradictoria. La firma de una profesora que hace un año exigió al Ejecutivo canario: 'Tienen ustedes que echar de aquí a estos moros', acaba de aparecer al pie de un documento en contra de la repatriación. 'Se trata de un problema complejo', analiza Morales.

'No estamos hablando de niños como los entendemos en nuestra sociedad, sino de chicos de la calle, a los que su lucha por sobrevivir ha hecho mucho más avispados. La diferencia entre ellos y los españoles es la misma que había hace treinta años entre los españoles, que tenían que buscarse el pan, y los franceses, que lo tenían garantizado'. Aplicar una política que permita ayudarles sin alarmar a la sociedad es tarea para equilibristas.