El FMI y las cajas
Dónde se habrá informado el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afirmar que la cordobesa CajaSur 'es el resultado de la fusión de las seis cajas andaluzas'? En un trabajo publicado en marzo de este año, de título más sugerente que su contenido (Euro-Area Banking at the Crossroad, IMF Working Paper, wp/01/28), sus autores ilustran las estrategias de los gobiernos del área euro sobre las cajas y bancos cooperativos diferenciando dos aproximaciones: la más radical, seguida por Italia, consistente en la homogeneización del sector bancario mediante la directa privatización de las cajas y dejando que posteriormente fuera el mercado el que decidiera su ritmo de consolidación; la otra posibilidad es la que califica como 'reorganización del sector desde dentro' mediante el estímulo de fusiones entre esas entidades con singulares relaciones entre propiedad y control, pero manteniendo la naturaleza segmentada del mercado bancario. Es en esta segunda opción donde el caso español se ilustra con el ejemplo andaluz.
Del análisis país a país no se deduce un comportamiento distinto en solvencia y rentabilidad
No es la primera vez que el FMI adolece del necesario rigor al hablar de las cajas de ahorro españolas. Hace pocos años, en el informe sobre España, sorprendió a propios y extraños destacando como una de las reformas estructurales prioritarias que necesitaba nuestra economía la de la propiedad de esas empresas financieras, sin que mediara fundamentación alguna sobre esa prioridad.
En este estudio se advierte desde la introducción, con razón, de la desigualdad en la naturaleza institucional de las entidades bancarias que operan en el área euro: de la importancia relativa que tienen 'las instituciones financieras cuyas estructuras de propiedad impiden ponerlas a la venta' y se interroga, también con razón, acerca de la posible influencia de esta característica sobre la reconfiguración a la que está abocado el conjunto del sistema financiero de la región. Del análisis comparativo, país a país, de esas entidades, en particular de las cajas frente a los bancos (con datos que se quedan en 1998), no se deduce un comportamiento significativamente distinto en términos de solvencia alcanzada y de rentabilidad. Cifras que traducen una ejecutoria que se corresponde poco con las dificultades o barreras que, según los autores del informe, pueden representar esas instituciones en la asimilación de las nuevas plataformas tecnológicas sobre las que descansará la interlocución comercial en el sector bancario, en especial con los clientes de menor tamaño.
Es en las valoraciones más directamente cualitativas, sin fundamento alguno en las cifras, donde se preciben las afirmaciones más controvertidas, cuando no abiertamente incorrectas. Así, a la hora de verificar la extensión de los procesos de privatización en la eurozona, destaca la excepción española, ya que 'la participación del sector público en el sistema bancario se ha incrementado en los últimos quince años', debido, según el informe, al peso creciente de las cajas de ahorro, dada la influencia de los gobiernos locales y regionales en las mismas. Esto último es formalmente cierto, pero, desde luego el ejemplo del que se sirven los autores, el caso andaluz, no sólo no se ajusta a la realidad de la configuración unitaria en torno a una caja cuyo gobierno no es precisamente del sector público, sino que tampoco es el más adecuado para ilustrar que la estrategia de consolidación de las cajas de ahorro es la que han acabado imponiendo las autoridades andaluzas.
