García Zarco cifra en un 93% el cumplimiento del plan de vivienda 1998-2001 y el PSPV pide explicaciones
José María García Zarco, director general de la Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, aseguró ayer en Alicante que la aplicación en la Comunidad Valenciana del Plan de Vivienda 1998-2001 ha cubierto más del 93% de sus objetivos hasta la fecha, muy por encima de otras comunidades, como respuesta a las críticas vertidas por Benjamín Muñoz, secretario general de la Federación Valenciana de Promotores Inmobiliarios, quién calificó como 'un desastre' el desarrollo del plan durante 2000.
Según García Zarco, la Dirección General de Vivienda ha aceptado 53.097 solicitudes de ayuda para la compra de vivienda, cuando el objetivo de actuaciones establecido en el plan cuatrienal hasta finales de este año se cifró en 56.000.
Pero, más allá de los datos oficiales triunfalistas, el hecho es que los problemas surgidos el pasado año en la aplicación del plan cuatrienal derivaron en dos modificaciones introducidas por Real Decreto en febrero pasado, que suponen un alza superior al 10% en el precio de la vivienda de protección oficial y el establecimiento de nuevas ayudas para financiar el pago de la entrada en la compra de viviendas. La Generalitat tiene previsto adaptar en breve al ámbito autonómico las novedades establecidas por el Gobierno.
García Zarco defendió la subida de los precios como la mejor fórmula para 'estimular el sector de la construcción y para conseguir una mayor oferta de construcción de vivienda protegida'.
Sin embargo, la diputada socialista Mercedes Sanchordi, recordó que la subida salarial media durante el año pasado se quedó en un 2,9%, de modo que la revisión al alza de los precios de las viviendas de protección oficial tiene una importante repercusión sobre los posibles compradores. 'La subida es excesiva a todas luces, más aún si se piensa que la vivienda protegida va destinada a las personas con menos recursos', comentó la diputada.
Según Sanchordi, el Gobierno del PP se ha guiado una vez más por 'criterios económicos estrictamente mercantilistas y ha dejado en el olvido la vertiente social del gasto público'. La diputada socialista concedió más crédito a las declaraciones del portavoz de los promotores inmobiliarios que a las de los responsables de la Administración autonómica y anunció que exigirá la comparecencia ante el pleno de las Cortes de José Ramón García Antón, consejero de Obras Públicas, para que explique el grado de ejecución del plan 1998-2001 hasta la fecha.
