El frenazo del plan de vivienda en 2000 fuerza una subida de los precios y nuevas ayudas

Fernando Nasarre, director general de Vivienda del Ministerio de Fomento, refrendó unas espectaculares cifras de cumplimiento de las expectativas de construcción de vivienda de protección oficial en la Comunidad Valenciana desde 1998, según los cuales se habrían calificado 53.000 solicitudes de vivienda para nuevos compradores y se habrían levantado 8.000 de nueva construcción, con una subvención estatal próxima a los 89.000 millones, un 24% de los fondos distribuidos en el conjunto del Estado.

Pero a continuación explicó las líneas generales de la modificación introducida por decreto en febrero en las condiciones establecidas para el último ejercicio del plan cuatrienal. En primer lugar, una subida del precio del metro cuadrado útil en las VPO que, en el caso de las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, pasará, de 137.000 a 152.760 pesetas. Un precio que sobre metros construidos - el cómputo que considera los espacios comunes de los edificios y que es el habitual para vivienda libre en el mercado- que ronda las 122.000 pesetas.

La medida intenta recuperar el interés de los promotores por construir VPO, cuyo precio no se había revisado desde 1996 y resultaba poco interesante para los intereses privados. Y como subrayó García-Antón, ruinoso para los promotores públicos, esencialmente el Instituto Valenciano de Vivienda.

La segunda medida encaminada a dinamizar el plan de vivienda pasa por una serie de ayudas a fondo perdido para financiar el coste de la entrada en la adquisición de VPO, cuando hasta la fecha sólo se ofrecían ayudas directas a los vencimientos mensuales de los créditos hipotecarios, que financian hasta un 80% de las viviendas.

Las disposiciones introducidas para animar el mercado de VPO durante el último año del plan 1998-2001 ponen de manifiesto alguna disfunción en las previsiones iniciales a pesar de las triunfantes cifras oficiales.

Benjamín Muñoz, secretario general de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, explica que 'las cifras son sufridas y es fácil presentar un 128% de cumplimiento si se suman rehabilitaciones y casos pendientes' pero, desde su perspectiva, el plan vigente 'ha sido un desastre' durante 2000.

Según el portavoz de los promotores, la subida del precio de la VPO responde a que 'no se hacían viviendas', mientras que la revisión de las condiciones de las ayudas oficiales venía obligada porque 'el dinero de los bancos era más barato'.

'Me atrevo a decir que durante el año pasado no se ha cumplido ni un 50% de las expectativas', dice Muñoz. Aunque admite que, comparativamente, la Comunidad Valenciana resulta muy bien librada respecto al conjunto del Estado, donde reduce el grado de cumplimiento de las previsiones oficiales de construcción de VPO a un 25%.

Pero, sobre todo, Muñoz lamenta el retraso en la modificación de un plan que hacía aguas y se pregunta por qué 'un decreto que pretende que los promotores construyan más y los españoles accedan a más viviendas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 se aprueba en febrero y a 19 de abril todavía carece de efecto en la Comunidad Valenciana' porque todavía no se ha adaptado a la normativa autonómica. 'Antes eran más diligentes, pero la mayoría absoluta tiene vicios', concluye.

Rafael Rubio, concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, ofrece otra versión para explicar las dilaciones en la aprobación de las ayudas por parte del Estado y su posterior adaptación al ámbito autonómico: 'No tienen un duro'.