El Parlamento de Chile aprueba la ley de seguro de desempleo

La primera de las promesas electorales del Gobierno del presidente Ricardo Lagos se pudo concretar el miércoles con la aprobación del último trámite legislativo en el Senado de Chile del proyecto que crea un seguro de desempleo para los trabajadores que sean despedidos, el primero que existirá en el país con carácter de ley, después de que sea promulgado.

El seguro comenzará a regir a partir de mayo de 2003, con aquellos trabajadores que pierdan su empleo, tendrá una financiación tripartita y entregará al despedido un aporte monetario proporcional a sus remuneraciones durante cinco meses en forma decreciente.

El proyecto, que es la primera iniciativa enviada por el Gobierno al Parlamento, se aprobó después de un año de trámite y de tironeos entre la patronal, que quería reducir el aporte empresarial, y los sindicatos, y será uno de los logros que mostrará Lagos en su cuenta anual al país, en mayo próximo.

Grandes conquistas

Según el ministro del Trabajo, el socialista Ricardo Solari, este beneficio es una de las grandes conquistas de la seguridad social y recordó que la aspiración de un país desarrollado contempla la existencia de un seguro de cesantía para los trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo.

Unos tres millones de trabajadores, casi dos de cada tres de los que integran la fuerza de trabajo, ya sea que tengan contratos temporales o indefinidos, quedarán protegidos con este beneficio, el cual regirá de forma independiente al régimen habitual de indemnización de un mes de salario por cada año de servicio.

Su operatoria contempla un esquema de ahorro obligatorio (para los nuevos trabajadores) y voluntarias (para los antiguos) en cuentas individuales por cesantía, que serán de patrimonio del asalariado.

El financiamiento tripartito tendrá cotizaciones mensuales equivalentes a un 3% de la remuneración, aportadas en un 2,4% por los empleadores (1,6 % entrará a la cuenta individual y 0,8% al fondo solidario) y 0,6% por los trabajadores y un fondo solidario estatal de diez millones de dólares anuales, que equivalen al monto destinado al subsidio actual de cesantía.

El sistema será administrado por sociedades anónimas especialmente creadas para este efecto. Su licitación se prevé para fines de mayo y la adjudicación en el segundo semestre de este año. Solari explicó que en las bases de licitación se establecerán requisitos para los postulantes, entre los cuales estará disponer de solvencia financiera, capacidad de administración de cuentas individuales y de administración de fondos.

Tres tipos de entidades son quienes disputarán quedarse como operador único del seguro: las administradoras de fondos de pensiones (AFP), los bancos, compañías de seguro y cajas de compensación.