El reto de la protección social

El autor defiende la necesidad de mantener y ampliar desde la solidaridad los actuales sistemas de protección del Estado del Bienestar frente a los modelos privados de previsión

Es preciso defender el modelo de sociedad que definen las conquistas sociales históricamente adquiridas

El envejecimiento y el descenso alarmante de la población en las sociedades europeas occidentales, unidos a la ausencia de una dimensión social en la construcción europea, propician los análisis estrictamente economicistas y catasfrofistas, sobre el futuro de los actuales sistemas de protección social (Seguridad Social y Servicios Sociales), pilar fundamental del modelo europeo de Estado del Bienestar. La situación de bonanza económica permite el desarrollo de políticas económicas neoliberales, de decidida vocación privatizadora de los servicios públicos de naturaleza social, cuyos efectos perniciosos comienzan ya a notarse, provocando mayores niveles de exclusión social y de pobreza; pero que alcanzarán sus efectos más negativos en un futuro cercano, cuando limitada esencialmente la protección social, muchos ciudadanos queden al amparo exclusivo de su capacidad de ahorro.

Hay que dejar de utilizar como moneda electoral, lo que constituye la esencia de un modelo social de bienestar que nos afecta a todos, al margen de posiciones partidistas o interesadas. La solidaridad debe ser concebida no sólo como un compromiso con aquellos que están lejos, sino que debe comenzar también aquí con nuestros más cercanos. Hay que empezar a decir: solidaridad, sí; pero con todos; y en especial con los que sufren cerca de nosotros, a saber, inmigrantes, discapacitados, parados, marginados y excluidos sociales.

En nuestras sociedades desarrolladas, es necesario, por lo tanto, mantener una actitud solidaria con quienes no tienen trabajo; lo que obliga a repartir el que existe y el que se puede generar. Es urgente también, mantener una actitud solidaria internacional entre los trabajadores y sus organizaciones representativas, como medio de combatir la actuación sin fronteras de las grandes empresas internacionales; lo que exige hoy ya una proyección mundial de la acción sindical. Y por último, es indispensable propiciar una actitud negociadora abierta en el devenir del conflicto social; pero sin olvidar, que es preciso defender el modelo de sociedad que definen las conquistas sociales históricamente adquiridas y que son expresión de la solidaridad intergeneracional, que nos obliga a mantener para nuestros hijos una sociedad, al menos no peor que la que hemos recibido y conseguido.

'No habrá dinero para pagar las pensiones; es necesario realizar una reforma urgente de los sistemas actuales', dicen los expertos de la Europa de los mercaderes. Sin embargo, las fronteras se cierran a nuevos inmigrantes que nos pueden aportar riqueza y estabilidad, al tiempo que nosotros podemos proporcionarles el futuro que necesitan. La Seguridad Social aparece como la culpable de la crisis futura de las finanzas públicas; y así se consigue que la Seguridad Social vaya perdiendo su identidad; su esencia; su razón de ser; en definitiva, las ideas-fuerza que la fundamentan y que no son otras que las de necesidad, seguridad y solidaridad.

Conviene, por lo tanto, acudir a la raíz de las modernas políticas de protección social que contemplamos, y tratar de recordar a quienes nos gobiernan, y en general a todos los ciudadanos, por qué nacen los sistemas de Seguridad Social y los Servicios Sociales, y cuáles son sus ideas-fuerza; para concluir que cualquier reforma que se pretenda de dichos sistemas debe respetar y potenciar el imperativo constitucional común a todos los países occidentales y europeos, de construir un sistema público suficiente y progresivo de Seguridad Social o, incluso, en una concepción aún más amplia, de protección social.

Nuestra Constitución es hoy la puerta abierta para cualquier nueva ordenación de la protección social; pero si esto es así, no lo es menos que nuestra norma máxima es el resultado del pasado. Por ello, una breve referencia a este pasado será muy útil, ya que nos aleccionará sobre qué fuerzas sociales han hecho posible la aparición de este derecho; cuáles han sido las resistencias encontradas; y, en definitiva, cuál es el sentido que debe imprimirse a la Protección Social, dentro de la lucha por una sociedad más justa y solidaria. Algo, en resumen, que ha hecho reaccionar a la clase trabajadora española y europea (Niza 2000) y que desgraciadamente, parecen haber olvidado los gobiernos europeos, especialmente el nuestro.

Las situaciones de necesidad que hoy protege la Seguridad Social han existido siempre, pero no siempre ha existido la Seguridad Social. La caridad, la beneficiencia, el ahorro, las organizaciones mutuales, entre otros, han sido medios incompletos a través de los cuales el hombre se enfrentaba con esas situaciones intentando remediarlas. El origen de esta institución con el contenido social que hoy tiene, hay que situarlo a finales del siglo XIX. La revolución industrial y el liberalismo económico imperante crearon un proletariado explotado y de subsistencia, indefenso frente a la enfermedad, la invalidez, la vejez o el paro; infortunios todos ellos que el Estado liberal burgués no protegía por entender que constituían un problema individual que tenía que resolver cada persona. Qué cercanas a esta concepción, se encuentran las actuales políticas neoliberales que sustentan el actual proceso de mundialización económica, y qué próximas las consecuencias que este proceso provocará en nuestras sociedades desarrolladas, si no lo corregimos a tiempo.

Ante esta situación, el movimiento obrero incorporó a sus reivindicaciones laborales los derechos pasivos y surgieron los primeros seguros sociales, como un logro más del mismo y como una respuesta del Estado para ajustar el conflicto social. En la aparición de la Seguridad Social -base de las políticas de protección social- coinciden, por lo tanto, dos intereses contrapuestos pero convergentes en la respuesta; de un lado, la clase obrera persigue la seguridad individual frente a determinados riesgos básicos, y de otro, el Estado y los poderes económicos persiguen la seguridad de su estructura económica -de sus beneficios-, frente al riesgo o amenaza de la clase trabajadora. Estos dos intereses fueron y son las dos fuerzas que históricamente matizan el cambio y el avance de la Protección Social.

En base a ello, alguien ha dicho que los seguros sociales han representado 'la conquista más revolucionaria del reformismo'. Esta apreciación es cierta y, en este sentido, la Seguridad Social cumple una función conservadora. Pero también es cierto que la consecución de los seguros sociales fue una conquista social, es decir, la expresión del poder obrero organizado y que esta conquista es, sobre todo, una conquista de libertad. Porque el ejercicio de la libertad puede crecer y desarrollarse, cuando aumenta la seguridad del hombre frente a los riesgos que entrañan la vida y el trabajo. Cuando el hombre está hipotecado por las enfermedades, por el hambre o por el riesgo de la muerte, también está hipotecada su conciencia, su cultura y su energía renovadora.

La realidad de una Seguridad Social no sólo la componen las instituciones que la conforman y el aparato administrativo que la gestiona, sino que también forman parte de esa realidad las ideas que esta objetiva; es decir, los sistemas de Seguridad Social, como respuesta organizada frente a un conflicto o conflictos sociales, también están rodeados de un aparato ideológico. Y porque la política nunca es neutral, es aconsejable decir explícitamente las ideas-fuerza que deben fundamentar el andamiaje jurídico-político de la Seguridad Social.

La persona como individualidad y la sociedad en su conjunto han protagonizado desde siempre una lucha por su seguridad, o lo que es lo mismo, el hombre y la sociedad han vivido siempre atemorizados por la inseguridad; ello permite decir que la relación seguridad-inseguridad, se presenta allí donde hay naturaleza humana, incluso podría decirse, donde hay naturaleza viva. Así las cosas, cabe concluir que, dado que el hombre pierde la seguridad socialmente, también socialmente debe recuperarla; lo que no sólo responde a una cierta justicia compensadora, sino que es lo único que se puede hacer. Con otras palabras, cuando se agudizan las relaciones de antagonismo, hay que potenciar las relaciones de seguridad, si se quiere mantener un mínimo de socialidad. Y ello, nos lleva a la idea siguiente.

Es un lugar común la afirmación de que los sistemas de protección social, y en especial la Seguridad Social, se fundamentan en la solidaridad; incluso, que constituyen una de las mejores expresiones de la misma. Y por solidaridad, en este campo, entendemos el principio de que la protección frente a los riesgos sociales, debe ser financiada en proporción a los recursos con que cuentan los distintos sectores que integran la comunidad. La expresión política de esta solidaridad la compendia el régimen intervencionista del Estado -del que es un ejemplo notable la Seguridad Social-, el cual impone un principio que no se realiza espontáneamente. Esa intervención del Estado social y democrático es necesaria, como parte de este edificio en permanente construcción que es la protección social y que nos obliga a recordar que cada ladrillo que se ponga en el mismo, no forma parte ya de su cornisa, sino que debe de estar hecho para aguantar los que sobre él se irán colocando, en un ejercicio constante de solidaridad intergeneracional; pilar éste esencial de los sistemas de Seguridad Social. Y si importante es ese factor de solidaridad histórica o vertical, el otro elemento que cualifica a los sistemas de Seguridad Social más progresistas o avanzados socialmente, es desde luego su base de reparto; o lo que es lo mismo, el hecho de que los recursos del sistema en cada momento histórico y sin perjuicio de las reservas necesarias legalmente previstas, se reparten proporcionalmente entre todos sus beneficiarios en un ejercicio de redistribución de las rentas disponibles. Es lo que podemos llamar la solidaridad horizontal; algo radicalmente opuesto a los sistemas de capitalización individual, en que basan su estructura financiera los modelos privados de previsión social y que las fuerzas políticas conservadoras pretendieron sin éxito implantar en nuestro país en el debate sobre el Pacto de Toledo. Las mismas fuerzas que ahora nos hablan de la 'nueva solidaridad', 'la nueva ciudadanía' y 'la nueva política social'. Como si el sufrimiento, la injusticia y la desprotección fueran enfermedades recién descubiertas, y como si la historia no hubiera definido claramente quiénes y qué intereses han estado siempre de un lado y de otro en el devenir del conflicto social, por muchas contradicciones y disfunciones que en la orilla izquierda se hayan producido, y por mucho que algunos se empeñen en saltar desde aquél lado al otro, en un ejercicio ideológico, siempre respetable, pero también, siempre difícil de entender.

Los sistemas de protección social, incluyendo la Seguridad Social, los Servicios Sociales y la Sanidad pública, forman parte del modelo europeo de Estado de Bienestar y suponen una conquista social que es preciso defender; porque las conquistas sociales pueden desaparecer si no se lucha por mantenerlas y ampliarlas. Y buen ejemplo de esta lucha, es la movilización de los sindicatos europeos ante la última Cumbre Europea de Niza, en defensa de la Europa social y de los ciudadanos. El siglo que comienza abre el reto ineludible para las sociedades favorecidas, de mantener las conquistas sociales logradas y exportar este modelo a las sociedades en desarrollo; lo que constituirá, sin duda un avance esencial en la dimensión integral de la mundialización de los derechos humanos.

José Ramón Juániz Maya es presidente de Abogados del Mundo (Comunidad Valenciana).