Los sindicatos reclaman una solución política a la crisis de Sintel

La situación de Sintel (antigua filial de Telefónica que fue vendida al empresario cubano-estadounidense Jorge Mas Canosa en abril de 1996) es cada día peor. Con un expediente de suspensión de pagos que refleja un déficit superior a los 20.000 millones y un dictamen por parte de los interventores que insolvencia definitiva, la empresa camina irremisiblemente hacia la quiebra, con los trabajadores acampados desde el pasado 29 de enero en el Paseo de la Castellana y con nueve nóminas sin cobrar.

Trabajo ha aprobado un expediente de extinción de empleo de 796 trabajadores mientras que la plantilla actual compuesta por 1.808 trabajadores. Sin embargo, los sindicatos al igual que los políticos de la oposición reclaman al Gobierno que tome cartas en el asunto y asuma el protagonismo. Reclaman al Gobierno que obligue a Telefónica a reflotar Sintel y rechace el expediente de regulación de empleo. Ayer Izquierda Unida reclamó en el Parlamento al Gobierno que utilice 'el peso que mantiene el Estado en Telefónica' para obligar a esa empresa a reflotar Sintel. Argumentan que Telefónica es responsable de la 'realización de una mala venta a la familia Mas Canosa' y que ahora debe colaborar a su salida de la crisis.

El último episodio ha sido la salida de la dirección de Carlos Gila, que compró la empresa por dos euros hace dos meses. Gila trató de buscar apoyo del Gobierno y de Telefónica, pero no encontró el respaldo necesario.