La Junta suspende las reuniones técnicas sobre el PGOU de Marbella

Alonso considera que 'Gil se ha colocado fuera de la ley al conceder al menos una licencia en zona verde desde que el 21 de marzo se convino que empezarían las conversaciones entre técnicos de ambas partes' para sacar adelante un nuevo planeamiento urbano en Marbella. El delegado de la Junta considera que 'GIL no ha cumplido ni con la lealtad institucional, ni con el marco jurídico vigente, que es el plan general de ordenación urbana (PGOU) de 1986, que fueron las condiciones que puso el Gobierno andaluz para crear una comisión técnica'.

El delegado de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Enrique Salvo, explicó que el 30 de marzo se concedió una licencia para un edificio de cuatro plantas y 28 viviendas, en los jardines de Nagüeles. 'La construcción está en fase de remate y afecta a una zona calificada como verde en el PGOU de 1986, que tenía un arbolado que ha desaparecido', precisó Salvo.

Luciano Alonso puso tres condiciones para que los juristas y urbanistas de la Junta y el municipio vuelvan a reunirse: 'Que el Ayuntamiento revoque la licencia en cuestión; que se ofrezca suelo legal para construir un instituto en Las Chapas, un centro de Salud en San Pedro de Alcántara y el octavo juzgado de Marbella, y que haya luz y taquígrafos, con la presencia de técnicos designados por los colegios profesionales para demostrar que aquí no hay persecución contra nadie'. Salvo añadió que 'los suelos propuestos hasta ahora para el instituto, el centro de salud y el juzgado, estaban siempre en zonas verdes'.

El Ayuntamiento, por su parte, negó ayer en un comunicado que haya 'existido ningún pacto' con la Junta sobre normas de comportamiento y que la licencia denunciada 'estaba comprendida en el apartado de lo aprobado definitivamente por la Comisión provincial de Urbanismo'. Este extremo es imposible, porque Urbanismo no aprobó definitivamente ningún capítulo de la revisión del PGOU propuesto por el Ayuntamiento de Marbella ni en 1998, ni en 2000.

En todo caso, el comunicado del Ayuntamiento calificó como 'falsas' y 'especulaciones de auténtica mala fe' las acusaciones de la portavoz socialista, Isabel García Marcos, que denunció el lunes que el equipo de gobierno de Marbella continuaba concediendo licencias de obra contrarias al planeamiento de 1986.

Las explicaciones de Gil no convencen a la oposición. En la misma línea que la concejal socialista se manifestó ayer la presidenta local del PP, Angeles Muñoz, que no puso en duda que el consistorio de Marbella, 'en contra del criterio de sus propios técnicos', haya continuado otorgando licencias sobre la base de su propio plan revisado. 'Siguen en la misma línea; llevan demasiado tiempo saltándose la legalidad como para que ahora cambien de un día para otro', señaló. La diputada del PP abogó porque Marbella cuente lo antes posible con un planeamiento urbanístico, postura que también comparte el presidente provincial de los populares, Joaquín Ramírez, que insistió en que su partido 'siempre' va a estar de parte de la legalidad urbanística en Marbella.

En cualquier caso, Ramírez explicó en rueda de prensa que la prioridad de su partido es el soterramiento de la Carretera Nacional 340 a su paso por la localidad de San Pedro Alcántara. El Partido Popular solicitará que la próxima reunión de la Comisión provincial de Urbanismo, prevista para la semana que viene, incluya en su orden del día el proyecto de la travesía. Los populares pretenden que la Junta se pronuncie sobre las trabas técnicas o legales que impiden levantar la suspensión del PGOU de Marbella en este tramo, levantamiento con el que aseguran 'está incluso de acuerdo el consejero andaluz Gaspar Zarrías'. Según el dirigente del PP tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Marbella 'están utilizando como rehenes a los ciudadanos en su objetivo de doblegar a la Administración central'.