El Ararteko notifica la falta de condiciones para cumplir los arrestos de fin de semana en las cárceles del País Vasco

El Ararteko, defensor del pueblo vasco, denuncia en un informe remitido al Parlamento vasco la inexistencia de unidades específicas en las prisiones del País Vasco que reúnan las condiciones para acoger de forma adecuada a las personas condenadas a cumplir arrestos de fin de semana. La competencia de los centros penitenciarios es del Ministerio del Interior, sin embargo, el Ararteko advierte de que los ayuntamientos pueden contribuir a mejorar la situación y el Gobierno vasco 'tiene unas responsabilidades que debe asumir sin demora'. El Código Penal establece en su artículo 37, recuerda, que 'si las circunstancias lo aconsejaran' el cumplimiento de este tipo de pena podrá realizarse 'siempre que fuera posible en depósitos municipales de detenidos'; es decir, tanto los calabozos que dependen de los Ayuntamientos como los que la Ertzaintza dispone en los municipios vascos.

El estudio realizado por el Defensor del Pueblo del País Vasco refleja que sólo un pequeño porcentaje de las penas se ejecutan. Según se apunta en la memoria de 1999 de la Fiscalía de la Audiencia donostiarra porque la prisión de Martutene carece de 'instalaciones dignas, aisladas y con capacidad suficiente que permita un cumplimiento efectivo de esta pena en las debidas condiciones', lo que la hace 'prácticamente inoperativa'. De hecho, en Guipúzcoa se tramitaron ese año 230 arrestos de fin de semana y sólo se habían cumplido 31 al final del ejercicio, un 14%. Lo mismo ocurrió en la prisión alavesa de Nanclares de Oca donde se tramitaron 266 expedientes y sólo se cumplieron 94 (29%).

Los calabozos, los centros de detención que propone el Defensor del Pueblo del País Vasco, tampoco 'reúnen las condiciones necesarias' para 'una privación de libertad, aunque sea de 36 horas de duración' por ' falta de infraestructuras' como patio, mobiliario de las celdas, asistencia sanitaria y personal cualificado. Por esta razón, insta a las instituciones vascas a adecuar de manera urgente los depósitos municipales o, en su defecto, la preparación de los calabozos de la Ertzaintza para ejecutar los arrestos 'con garantías legales'.