California salva de la quiebra a otra gran eléctrica para evitar apagones

El gobernador de California, Gray Davis, ha alcanzado un acuerdo con Southern California Edison (SCE) para evitar que la empresa de distribución eléctrica, la segunda del país por tamaño, declare la bancarrota, como hizo Pacific Gas and Electric (PGE) el viernes pasado. Según el acuerdo, el Estado de California comprará la red de transmisión de SCE por 2.760 millones de dólares (unos 470.000 millones de pesetas), y la compañía utilizará ese dinero para hacer frente a sus deudas más urgentes.

La deuda total de SCE asciende a 5.000 millones de dólares (935.000 millones de pesetas). La distribuidora eléctrica también recibirá 400 millones de dólares (74.800 millones de pesetas) adicionales de Edison International, holding que posee la mayoría de sus acciones.

Davis ha luchado durante los últimos meses en dos frentes: por un lado, ha intentado salvar del colapso a las grandes distribuidoras de electricidad californianas, que han acumulado una deuda de 12.000 millones de dólares (2,2 billones de pesetas) desde que la ley de privatización de 1998 les impidió repercutir sobre sus abonados el creciente precio del kilovatio; por otro, necesita asegurar el suministro eléctrico con contratos a largo plazo. El acuerdo supone un punto a favor de Davis en la crisis eléctrica: 'Éste es un momento histórico', señaló al anunciar la medida.

Los frecuentes apagones y la perspectiva de un empeoramiento de la situación en verano, cuando se ponen en marcha los acondicionadores de aire, han empezado a afectar a la economía del Estado más rico de la Unión.

Los efectos de la negociación

El gobernador californiano afirmó que el acuerdo con SCE era 'un ejemplo de los buenos resultados que pueden conseguirse cuando las partes implicadas se comportan de forma responsable y no abandonan la mesa de negociaciones'. Davis no ocultó su irritación contra PGE, que sí abandonó la mesa de negociaciones y el viernes se acogió a la ley de bancarrota (un mecanismo similar a la suspensión de pagos en España), después de haber repartido, la víspera, 50 millones de dólares (8.800 millones de pesetas) entre sus directivos y cuadros medios en concepto de primas.

Davis también ha accedido a una exigencia de las distribuidoras a la que se había opuesto anteriormente: la subida de tarifas a los consumidores. El gobernador anunció que los abonados deberían soportar un incremento cercano al 40% en sus facturas para evitar que las distribuidoras siguieran desangrándose financieramente. Los especialistas del sector eléctrico consideran, sin embargo, que el 40% puede no ser suficiente para compensar el incremento de los costes de producción, debido al encarecimiento del gas natural y al cierre de numerosas plantas generadoras por razones de protección del medio ambiente.