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El PP deja impune el derribo de parte de la muralla liberal de Castellón

Tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Consejería de Cultura pretenden dejar impune a la empresa Lubasa por el derribo de 15 metros de la muralla liberal de Castellón, pese a que está declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Por ello, el grupo municipal socialista ha anunciado que en el caso de que no se determine sanción alguna, llevará el tema a los tribunales porque 'no se puede consentir que Castellón pierda su patrimonio artístico de esta manera', según señaló ayer el concejal socialista de Castellón, Fernando Nos.

El pasado mes de octubre, los trabajadores de Lubasa, concesionaria municipal para la construcción de un aparcamiento en la avenida del Mar de Castellón, hallaron una parte de la muralla liberal, hecho que la empresa no notificó ni al Ayuntamiento ni a la Consejería de Cultura. Una vez conocido el hallazgo, el consistorio procedió a ordenar la paralización de las obras, a la espera de informes técnicos que evaluaran los vestigios. Según indicó en su día el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, se le notificó a la empresa la orden de paralización, que fue incumplida.

En un principio, el Ayuntamiento anunció su intención de iniciar un expediente informativo contra la empresa. Sin embargo, según aseguró ayer el edil Nos, la concejalía de Cultura ha afirmado no tener constancia ni noticia del mismo. En lo que se refiere a la parte sancionadora, ésta depende de la Consejería de Cultura que, en boca de su máximo representante, el consejero Manuel Tarancón, ha reconocido que no ha abierto expediente sancionador alguno. En una comparecencia realizada la pasada semana a instancias de Esquerra Unida, Tarancón admitió que no se ha iniciado ningún procedimiento pese a que, tal como estipula la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, las sanciones por deterioro o pérdida de bienes de interés cultural están en manos de la administración autonómica. Además, la consejería cuenta con el informe redactado por los servicios territoriales de Cultura en Castellón que califican los hechos de 'muy graves'.

Para Fernando Nos, el Ayuntamiento tiene su parte de responsabilidad como promotor de la obra, a lo que añadió que 'se trata de una empresa muy concreta a la que se permite ciertas cosas que quizá en otros casos no pasaría por alto'.

La Ley de Patrimonio obliga a suspender los trabajos y a comunicar el hallazgo, no sólo en el momento de su aparición sino al primer indicio de su existencia. La misma normativa contempla además la posibilidad de declarar 'ilícitas' las obras por haber efectuado el derribo a sabiendas de la existencia de un hallazgo arqueológico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de abril de 2001