La oposición al Plan Hidrológico recurrirá a los tribunales europeos para frenar el trasvase del Ebro

La presentación de la queja ante la Comisión Europea se realizará el día siguiente de la publicación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y se basará en la violación del derecho comunitario en tres apartados: el de impacto ambiental, la directiva de hábitats y la directiva marco de aguas. La queja tiene como segundo objetivo evitar la llegada de fondos comunitarios, principalmente de los fondos de cohesión, para la ejecución del trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos del Ebro previsto en el PHN. La asunción de la queja podría derivar, incluso, en una demanda contra España.

Texto contrario

Ángel Garcés, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, uno de los integrantes del equipo de juristas que elabora la demanda, recuerda que la directiva europea de aguas, aprobada en octubre del pasado año, debe ser trasladada al ordenamiento jurídico interno de cada país. La coincidencia en el tiempo de la aprobación del PHN y de la adaptación de la regulación española a la directiva podía 'llevar a la existencia de un texto [el PHN] manifiestamente contrario a lo dispuesto en el derecho derivado del europeo'.

El PHN, explica además Garcés, entraría en vigor con posterioridad a la publicación de la directiva europea, 'lo cual es una transgresión de la misma, dado que cualquier novedad normativa que se apruebe en la actualidad por España debe respetar lo acordado en Europa'. La directiva de aguas hace especial referencia a la fijación de objetivos medioambientales y de protección de la calidad de las aguas, disocia entre el agua como bien público y su uso como 'mercancía', establece la participación ciudadana en la elaboración de planes hidrológicos de cuenca y todas sus actuaciones previstas se mantienen bajo un prisma medioambiental.

La adaptación de la normativa europea supondría el fin de las confederaciones hidrográficas y su sustitución por agencias ambientales. Además, las obras hidráulicas quedarían supeditadas a las circunstancias no sólo económicas, sino también sociales y ambientales, mientras que las confederaciones dejarían de ser representaciones sectoriales, 'que es como si un parque natural lo gestionaran únicamente los ganaderos y los madereros', explica Garcés. La adaptación del derecho español a la directiva europea supondría la desamortización de los derechos históricos sobre el agua -algunas de las concesiones administrativas sobre el agua se prolongan hasta el año 2113 de forma gratuita.

Por ello, algunos ayuntamientos -el de Jaca y los municipios de montaña de los Pirineos aragoneses afectados, así como el Gobierno de Aragón- han solicitado una moratoria en las obras hidráulicas públicas planteadas. Pero, según explica Manel Tomàs, portavoz de la plataforma de defensa del Ebro, 'el Gobierno tiene mucha prisa, no sólo por la cuestión de la directiva, sino por la posibilidad de perder fondos de cohesión'. Los opositores al trasvase sostienen que el PHN atentaría también contra el Convenio de Florencia, que regula la protección del medio ambiente y del patrimonio.

Las plataformas de oposición al trasvase se muestran optimistas y confían en que los tribunales europeos resuelvan a favor de sus tesis contrarias al trasvase del Ebro.