Rato tiene la última palabra en la lucha por el control de Cantábrico

La compañía española Ferroatlántica (Grupo Villar Mir) y la alemana Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), la tercera mayor eléctrica de su país, están a punto de convertirse en socios dominantes de Hidroeléctrica del Cantábrico, al cabo de 13 meses de una durísima y enconada pugna por hacerse con el control de la menor de las cuatro eléctricas españolas. Su OPA, mejorada hace una semana hasta los 27,3 euros (4.542,34 pesetas) por acción, y que supone valorar Cantábrico en 513.826 millones de pesetas, cuando hace un año valía en Bolsa 227.708 millones de pesetas, ha desbordado a las otras dos OPA que competían por el dominio de la compañía asturiana. Todo apunta a que sólo un eventual veto por el Gobierno que limitara el ejercicio de los derechos políticos de la empresa alemana al 3% de Cantábrico, en virtud de la presencia de capital público francés en EnBW (25%) y de la normativa limitativa que aprobó hace año y medio el Ejecutivo español, podría ya frustrar las esperanzas de Villar Mir y EnBW de convertirse en accionistas hegemónicos de la eléctrica.

El verdadero temor de las autoridades españolas reside en la francesa EdF, accionista de EnBW

Pero ese mismo riesgo pesa también sobre la otra OPA competidora, la de Cajastur y Electricidade de Portugal (EDP), que ofrecen 24 euros por acción, dado que el Estado luso controla el 30% de EDP. De producirse un veto gubernamental a EnBW y EDP, no sería descartable la inmediata reaparición en escena, con una nueva OPA a muy corto plazo, de la compañía alemana RWE, que el jueves retiró su oferta sobre Cantábrico a 26 euros por acción. Mañana, lunes, termina el plazo para adherirse a cualquiera de las dos OPA actualmente en curso.El destino de Cantábrico está ahora en manos del ministro de Economía, Rodrigo Rato, como ya lo estuvo el año pasado. En mayo de 2000, Rato vetó la OPA que había lanzado Unión Fenosa sobre Cantábrico a 24 euros porque lesionaba la competencia en el sector eléctrico, al suprimir uno de los operadores, y disuadió otra que preparaba a 27 euros la alemana EnBW, por la presencia en su accionariado de la compañía estatal francesa Életricité de France (EdF).

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2000 incorporó una disposición adicional en virtud de la cual el Gobierno se reserva la capacidad de limitar al 3% los derechos políticos que pueden ejercer empresas extranjeras controladas o con mayoría de capital estatal en empresas españolas de sectores privatizados y liberalizados, como el energético. Ésta fue la razón por la que EDP, ahora aliada con Cajastur para controlar Cantábrico, nunca superó el 3% de participación en Iberdrola, con la que mantuvo hasta este año un acuerdo de entrecruzamientos accionariales mutuos.

Juan Miguel Villar Mir, presidente de Ferroatlántica y ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía en el primer Gabinete de la Monarquía, reiteró el miércoles en Oviedo que Ferroatlántica y EnBW no esperan 'ningún pronunciamiento del Gobierno sobre la operación', dado que su OPA sobre Cantábrico, aseguró, no restringe ni altera la competencia.

Y respecto a la presencia de EdF en EnBW, de la que posee el 25%, Villar Mir recordó que esta operación fue autorizada por la Unión Europea y que, en todo caso, 'ni EdF controla EnBW ni EnBW controlará Ferroatlántica'. Una portavoz de la operación precisó que EdF sólo tiene 3 de los 20 consejeros de EnBW y que ninguno de ellos estará en el futuro Consejo de Administración de Cantábrico. Villar Mir enfatizó que el titular de las acciones de Cantábrico será Ferroatlántica y que en esta compañía española EnBW sólo tendrá el 50% de su capital. Pero aún fue más contundente: 'Si se produjera esa limitación del derecho de voto, la OPA seguiría adelante igual', precisó Villar Mir.

También Cajastur y la portuguesa EDP confían en que el Gobierno español no vete a la operadora lusa, en la que el Estado portugués es el accionista dominante, con una participación directa del 25% más otro 5% adicional por vía indirecta. Desde la cumbre hispano-portuguesa, celebrada en Sintra el 29 y 30 de enero, el Gobierno de Lisboa ha hecho un permanente ejercicio de compromiso de planes de privatización para los próximos años de la eléctrica, al tiempo que se asegura que la actual gestión de la sociedad ya responde a estrictos criterios privados, por más que todavía el pasado fin de semana el ministro portugués de Economía, Mario Cristina da Sousa, ex presidente de EDP, hiciese declaraciones marcando objetivos y estableciendo criterios de inversión para la eléctrica.

Pero el verdadero temor de las autoridades españolas reside en la francesa EdF, accionista de EnBW. Y esa reticencia hacia el proteccionismo eléctrico de Francia en su país, mientras protagoniza un creciente expansionismo en otros mercados comunitarios, fue la causa fundamental de que el Ejecutivo español incorporara la disposición vigesimoséptima en la Ley 55/1999 de 29 de diciembre para limitar al 3% la presencia de compañías estatales extranjeras en sociedades eléctricas españolas.

Frente a la, al parecer, actitud más tibia de otros miembros del Gobierno, Rodrigo Rato volvió a insistir a propósito de Cantábrico, todavía el pasado miércoles, que el Gabinete analizará la entrada de grupos con participación pública en el sector eléctrico español.Mañana, lunes, termina el plazo para que los accionistas de Cantábrico que deseen adherirse a alguna de las dos OPA que siguen vigentes ejerzan la orden de venta de sus títulos. La OPA de Ferroatlántica y EnBW a 27 euros por acción deja muy pocas posibilidades de éxito a la oferta competidora de Cajastur y EDP, que sólo ofrece 24 euros. La única esperanza de Cajastur reside, de no mediar un veto del Gobierno a EnBW, en el ejercicio de las medidas de blindaje de la compañía eléctrica. Esto supone que ningún accionista puede ejercer el derecho de voto por más del 10% del capital, cualquiera que sea su participación, y que los socios de nueva incorporación no podrán acceder a la gestión ni sentarse en el consejo durante tres años, salvo que voten a favor dos tercios de los consejeros preexitentes. Cajastur y la portuguesa EDP tienen garantizado el control del 34,26% de Cantábrico. La caja posee el 10%, el fondo de pensiones de sus trabajadores controla otro 5% y TXU ha ordenado la venta de su 19,26% al consorcio asturportugués. Al tener asegurado el control de un tercio de Cantábrico, Cajastur y EDP podrían impedir, de no mediar un pacto o un largo pleito judicial, que Ferroatlántica y EnBW, que mañana pretenden hacerse con el 65% restante, accedan al dominio de la sociedad. Villar Mir y el director general internacional de EnBW, Hans Bubeck, no se arredran ante el blindaje. Villar Mir le ha ofrecido a Cajastur-EDP un acuerdo de 'leal colaboración entre socios', pero también les ha advertido con firmeza y sin entreguismos que se opondrá al blindaje, porque 'protege a los consejeros frente a los accionistas, que son los verdaderos dueños de la empresa', que exigirá una presencia en el consejo proporcional al capital y que será 'intransigente en la exclusiva defensa de los intereses de Cantábrico'. Y, aunque no lo desea ni prevé, tampoco descarta un pleito.