Interinidades

El conflicto latente entre el personal interino de la Administración ha evidenciado un serio problema de injusticia, ante el que han permanecido impávidos colegios profesionales y sindicatos.

De repente, los españoles nos hemos dado cuenta de que se estaba cometiendo una arbitrariedad contra los más elementales principios de derecho. ¿Por qué razón es más válido un profesional que ha superado una oposición que quien lleva diez o quince años desempeñando adecuadamente un oficio o el ejercicio de su licenciatura? ¿Es más objetivo un examen o el veredicto diario y sistemático de la aprobación de los ciudadanos, pacientes o discípulos?

Es hora de reconocer y destapar la hipocresía generalizada con la que se ha tratado este tema en clara discriminación de la oferta privada de empleo, frente a la despótica arbitrariedad adoptada por los poderes públicos para conseguir la utilización de mano de obra eficaz, dócil y barata, sin que se hayan tenido en cuenta los más elementales derechos.

Se dice que este agravio de muchos miles de profesionales no tiene solución. No es cierto, porque para algunos otros colectivos de personal contratado y sin tener su plaza de funcionario, se han encontrado vías para normalizar su situación y equipararla mediante la elemental consideración de que una persona tiene derecho a contemplar su futuro, con tranquilidad y una determinada perspectiva de estabilidad. Esta es la primera motivación para quien desempeña su trabajo con solvencia. De un plumazo, y a través de los más variopintos gobiernos, se ha pasado de los 'privilegios' del funcionariado, según algunos, a la precariedad más vergonzosa de los interinos, en una pirueta gubernamental de diferente signo y de dudosa legitimidad.

La persona que nos ha de curar o aquella que debe enseñar a nuestros hijos, no puede ni debe sentirse insegura en su puesto de trabajo, porque esa inestabilidad afecta a la calidad de los servicios que nos presta y de los que depende, a su vez, la calidad de nuestra vida. No basta con ignorar la injusticia que afecta a nuestros vecinos, porque, si la consentimos, tenemos la probabilidad de padecerla en nuestras carnes y que la inhibición, acabe volviéndose contra nosotros.

Xavier Ribera es periodista.