Diferencias conciliables

La dimisión del responsable de política institucional de UGT, Pedro Díaz Chavero, representante del sindicato socialista en la mesa sobre la reforma de las pensiones, por sentirse desautorizado en el curso de las negociaciones con el Gobierno, ha situado de golpe la reforma del sistema de pensiones en el territorio de la baja política, aquella que sirve para justificar las dificultades por las posiciones predeterminadas de los partidos. Las acusaciones de Rodrigo Rato lanzadas contra el PSOE por una supuesta injerencia en el diálogo social son un buen ejemplo de enfado infantil porque se ha roto la solemnidad de la foto, en la que deberían estar todos los agentes sociales junto al presidente del Gobierno para ratificar el acuerdo; y la sugerencia de que el primer partido de la oposición estaría instigando una huelga general a cuenta de las reformas laborales no tiene más fundamento conocido que la teoría conspirativa.

Pero no todas las torpezas están del lado del Gobierno. El sindicato UGT lleva meses jugueteando con la amenaza de una huelga general, de cuya necesidad no logra convencer a CC OO. Una huelga general es el último recurso ante una situación desastrosa, y no parece que la coyuntura sea exactamente ésa. Una cosa es que CC OO haya encontrado una vía de entendimiento fácil con el Ejecutivo, y que UGT se sienta incómoda por lo que considera un exceso de colaboracionismo, y otra muy distinta que esa percepción determine las decisiones estratégicas del sindicato.

Resulta evidente que UGT tiene diferencias internas en la valoración de la reforma propuesta por el Gobierno, y que esas diferencias deberían quedar resueltas a la mayor brevedad posible, en un sentido u otro. La reforma de las pensiones es un asunto demasiado grave como para que discrepancias asumibles por cualquier organización madura pongan en peligro la estabilidad del sistema.