El retorno de Ardanza
La inserción del País Vasco en el Estado constitucional español ha sido problemática desde la Constitución de Cádiz. No ha habido ni uno solo de nuestros ciclos político-constitucionales en el que la inserción política del País Vasco no haya estado presente como problema. Y en ningún momento hasta la fecha hemos sido capaces de encontrar una fórmula que diera respuesta a dicho problema de manera comúnmente aceptada.
En mi opinión, la fórmula ensayada con base en la Constitución de 1978, consistente en la articulación de un Estatuto de Autonomía con un sistema de financiación especial a través del Concierto, debería haber sido aceptada como la fórmula idónea, porque es difícilmente mejorable. Ha permitido al País Vasco no sólo diferenciarse de todas las demás nacionalidades y regiones en un elemento tan clave como es la financiación, sino alcanzar además un nivel general de autogobierno como no lo había tenido nunca en el pasado y como no lo tiene casi ningún ente subcentral en un Estado políticamente descentralizado. Es difícil imaginar una fórmula que pueda ir más allá de la que ahora mismo se está poniendo en práctica y que pueda ser compatible con la existencia del Estado español como tal Estado.
De aquí es de donde viene la dificultad de dar respuesta al problema en este momento. El PNV fue el inventor de la fórmula. El nacionalismo vasco se abstuvo en el referéndum de aprobación de la Constitución, pero sí votó favorablemente el del Estatuto de Autonomía, que sólo era posible con base en la Constitución. En el País Vasco el referéndum de ratificación del Estatuto fue materialmente el referéndum de ratificación de la Constitución. El nacionalismo vasco se incorporó a la Constitución no directamente sino a través del Estatuto. Con el Estatuto vasco se cerró políticamente el proceso constituyente de 1978. El único sector políticamente significativo del país que no había aprobado la Constitución, lo hacía de esta manera.
Esta es la razón por la que, con el rechazo del Estatuto de Autonomía, el PNV vuelve a situarse de manera directa y a situarnos a los demás indirectamente ante un problema de naturaleza constituyente. Y a hacerlo en unas condiciones que no son tan dramáticas como las de finales de los setenta, pero que presentan una dificultad tal vez mayor para encontrarle respuesta. Ahora mismo, la fuerza de ETA es mucho menor que la de entonces y no hay riesgo de golpe militar. Pero entonces se pudo contar con el nacionalismo democrático para pactar una fórmula de integración del País Vasco en la Constitución y gracias a ello se la pudo poner en práctica. Sin el concurso del nacionalismo vasco no se habría podido construir el Estado de las Autonomías.
En la actualidad, el concurso del nacionalismo vasco ya no es tan decisivo. En 1979, sin el PNV no se cerraba el proceso constituyente en todo el Estado. Hoy ya no. El terrorismo de ETA no es una amenaza para el Estado español, sino para el Gobierno vasco, como hemos tenido ocasión de comprobar desde la firma del Pacto de Lizarra. Son las instituciones vascas, y no las del Estado o las de las demás comunidades autónomas, las que han quedado en un estado de parálisis. Y las que pueden mantenerse en esa situación de parálisis tras el 13 de mayo, si el nacionalismo democrático persiste en dicha estrategia.
El PNV es el que ha abierto el proceso constituyente en el País Vasco y es el que tiene que cerrarlo. Y mientras esté sometido a la presión terrorista de ETA sólo puede hacerlo volviendo al Estatuto de Autonomía. No está en condiciones, ni de legitimidad ni de fuerza, para poder hacer otra cosa. Es lo que ha venido a decir el anterior lehendakari, José Antonio Ardanza, en su conferencia en la Academia de la Historia. Hay que volver al Estatuto hasta que se haya acabado con el terrorismo. Una vez que se le haya puesto fin, ya veremos si hay que revisar la fórmula de integración del País Vasco en el Estado o no. En todo caso el PNV debe saber que, para hacerlo, está ya fuera de plazo. Ya no puede darse más prórrogas.
