Concejales y escoltas

Como Froilán Elespe, el concejal socialista de Lasarte-Oria asesinado por ETA, los tres concejales, también socialistas, de Zumárraga (Guipúzcoa) que han dimitido por su negativa a llevar escoltas son de aquellos ciudadanos que, aplicando la lógica, se resisten a aceptar que les puedan matar tan sólo por ostentar su representación política en un ayuntamiento. Y se rebelan contra esa posibilidad irracional. Pero esa lógica democrática pugna con el discurso práctico de los terroristas, para quienes los 243 concejales vascos del PSOE y los 223 del PP son 'objetivos legítimos a eliminar' precisamente por lo que representan.

Nada hay de reprochable que ante la tesitura de llevar escoltas los concejales de Zumárraga hayan optado por dimitir, al considerarlo una afrenta a su dignidad personal y una servidumbre insoportable en su vida cotidiana. Entre su libertad personal y sus deberes de representación, los concejales dimitidos han escogido lo primero. Nadie puede ponerles un reparo. La atención recriminatoria hay que enfocarla en quienes insisten en afirmar que 'aquí no pasa nada' y miran hacia otro lado ante los inequívocos propósitos de ETA de proceder a una limpieza ideológica no nacionalista en las instituciones representativas del País Vasco. Una sociedad en la que existen ciudadanos obligados a elegir entre su vida personal y su vida política, por no ser compatibles ambas, tiene un grave problema de falta de libertad. Éste es el problema central.

La amenaza de ETA a los concejales del PSOE y del PP busca erradicar del País Vasco a quienes representan cerca del 40% de los votantes. Ni el Estado de derecho ni los partidos democráticos pueden quedarse con los brazos cruzados ante semejante agresión. Deben garantizar que esa representación, sea del tamaño que sea, y eso es algo que corresponde decidir a los electores vascos, siga presente en las instituciones. Si es imprescindible que los cargos electos lleven protección policial, no habrá más remedio.