Los socios españoles de Iberia exigen que se les compense por la pérdida de valor de sus acciones

Los accionistas españoles del denominado "núcleo duro" han visto como su inversión de hace un año (en marzo de 2000) casi se ha dividido por tres. Hace exactamente un año pagaron 497 pesetas por títulos, mientras que los inversores que han acudido a la privatización han desembolsado 198 pesetas por acción.

Por ese motivo, el grupo ha forzado un arbitraje con la SEPI y, de esta forma, ver compensadas las minusvalías que ofrecen sus acciones entre el precio que pagaron y el que tienen en la salida a Bolsa que se producirá hoy. La SEPI ha señalado que aquel precio se fijó en otro momento y que estos accionistas están en el consejo y han participado en la gestión y en las decisiones de la compañía.

Los socios españoles no introdujeron ninguna cláusula que les permitiera indemnización ante situaciones como ésta. Sí lo hicieron los extranjeros (British Airways y American Airlines, que suman el 10%) y que supeditaron el precio pagado al se fijase en la oferta pública de venta (OPV). Ahora British y American recibirán 27.000 millones de pesetas de los 45.000 millones que invirtieron. Caja Madrid (10%) arroja unas minusvalías de 27.330 millones, el BBVA (7,3%) de 19.951 millones, Logista (6,7%) de 18.312 millones y El Corte Inglés y Ahorro Corporación (3% cada uno) de 8.200 millones.

El arma al que se agarran los socios españoles es otra cláusula de sus contratos, según la cual la SEPI se comprometía a colocar la compañía aérea en Bolsa antes del 31 de diciembre de 2000. Al no haber cumplido ese requisito, argumentan que se debe acudir a un arbitraje externo que determine si procede indemnizarles. Ante esta eventualidad, estos accionistas obligaron a la SEPI a firmar el pasado día 13 de marzo una escritura pública en la que se acordaba pedir ese dictamen. Ambas partes se dan un plazo máximo de siete días hábiles desde que se cumplan 45 de cotización en Bolsa para designar a sus "respectivos amigables componedores" (es decir, los árbitros).

Para la SEPI no existe "ninguna mención en el contenido de esa escritura sobre el precio de la venta de las acciones de Iberia a los socios institucionales y tampoco existe vinculación alguna entre ese acuerdo y el valor de la OPV de la empresa". Además, el día 7 de diciembre de 1999 ambas partes hicieron una "consulta dirimente a Arthur Andersen en relación con la discrepancia en el precio". Determinó que "no había razones para reducir el precio pagado por los socios estables".

Los inversores minoritarios recibirán en torno al 60% de los títulos solicitados (véase gráfico). No ha tenido transcendencia, pues, el importe solicitado, y tampoco se aprecia una gran ventaja entre los mandatos (realizados antes de conocerse el precio máximo) y las solicitudes.

La última gran privatización de una empresa pública ha tenido un marcado sesgo minorista. Nuevamente, los pequeños inversores son los que han soportado el grueso de la operación. De los 440 millones de acciones que se han colocado en esta operación, 300 millones han correspondido a los tramos minoristas (general y de empleados), recibiendo este último 24,6 millones de acciones de la operadora aérea.

La menor demanda se ha hecho patente en una caída de la sobresuscripción de acciones. Según la SEPI, el tramo minorista se ha cubierto 1,5 veces. Cifra que contrasta con operaciones pasadas en empresas públicas. Por ejemplo, la correspondiente a Indra se solicitó 58 veces más que la oferta. En la OPV de Argentaria de febrero de 1998 este dato fue de 30 veces y en la de Tabacalera de abril de ese mismo año por cada acción ofertada, los inversores pidieron 17,60 acciones.