La juez que ordena desalojar a los 'okupas' de Cabestreros no vio hace un año delito en su acción

'El principio de intervención mínima del derecho penal excluye, de acuerdo con la conciencia social, la protección de fincas abandonadas o en mal estado', argumentó en enero de 2000 la titular del Juzgado de Instrucción número 43, Frieda San José Arango, para archivar el caso al entender que no había delito en la okupación del inmueble de Cabestreros, que realizaron el 6 de enero de 1999 un grupo de jóvenes para vivir y desarrollar en él actividades. En ningún momento la juez vio necesario ordenar cautelarmente el desalojo, ya que consideró que no había delito.

El Código Penal castiga la okupación (tipificada como usurpación) con multas de tres a seis meses, reemplazables en caso de impago por arrestos de fin de semana. La juez decidió cerrar el caso tras citar a declarar a 300 de las 400 personas que se autoinculparon de ser okupas en apoyo a estos jóvenes, entre ellas los diputados nacional y regional de IU Ángeles Maestro y Juan Ramón Sanz, respectivamente, y el cantautor Quintín Cabrera. Éstos creen que la propiedad privada ya está protegida en el Código Civil (que prevé el desalojo sin sanciones) y piden la despenalización de esta conducta.

Tras el archivo de la causa por el Juzgado 43, el propietario del edificio recurrió a la Audiencia Provincial. La Sección 15 de este tribunal, cuyo ponente era el magistrado Perfecto Andrés Ibañez -ahora en el Supremo-, consideró en mayo de 2000 que la acción de Cabestreros podía constituir un delito de usurpación y ordenó reabrir el caso.

Los magistrados no aceptaron el argumento de la juez San José de que el inmueble estaba abandonado e insistieron en que el Código Penal lo que intenta precisamente es 'poner a salvo de este tipo de acciones' [su okupación] los edificios sin actividad. Sin embargo, realizaron la siguiente reflexión: 'A esta sala le gustaría poder seguir en su argumentación a la juez, al fiscal y a los apelados, porque tiene reservas frente a la opción legislativa de criminalizar estos actos, pero lo cierto es que el tipo penal aquí analizado existe como tal'.

La Audiencia es la que ha ordenado a la juez que adopte la medida cautelar de echar a los okupas, solicitada por los dueños a este tribunal después de que el Juzgado número 43 decidiera que no procedía dicho desalojo.

Los okupas intentarán evitar su desalojo mediante una 'resistencia activa y no violenta'. Han convocado una manifestación para el próximo miércoles en la plaza de Lavapiés. Así lo aseguraron ayer, acompañados de los directores de cine Itziar Bollaín y Javier Maqua, el diputado de IU Juan Ramón Sanz, el concejal de ese partido Ángel Lara, el responsable de urbanismo de la asociación de vecinos La Corrala, Eduardo Gutiérrez, y el miembro de Ecologistas en Acción Ramón Fernández Durán.

Todos ellos se oponen a que se devuelva a su propietario este edificio después de llevar 22 años cerrado, y reivindican el papel social de El Laboratorio II. Para Bollaín, vecina de Lavapiés, 'lo que las autoridades deberían desocupar es el centro de salud de la zona, cuyo estado es cochambroso, y las infraviviendas, no el único centro social que representa una de las riquezas del barrio'.

El representante de La Corrala denunció que las autoridades hayan permitido que un edificio permanezca vacío 22 años 'en un barrio con graves problemas de vivienda'. 'Los vecinos siempre hemos encontrado apoyo en este centro', añadió.

'Éste es un laboratorio para experimentar formas de vivir de otra manera, y eso se opone a las tendencias especulativas. Nos quieren echar porque les sobramos a las instituciones', aseguró uno de los habitantes de este bloque de tres plantas en el que viven unos treinta jóvenes.

Otras personas, aunque no residen, participan en su área informática, en jornadas sobre temas diversos (globalización, precariedad, cárceles, inmigración), en los talleres de danza, capoeira (baile guerrero brasileño), cocina, bisutería y música, y en las fiestas y sesiones de cine.

El actual Laboratorio es la continuación de otro centro okupa que funcionó, entre 1997 y 1998, en una antigua sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), en Embajadores, 68. Tras su desalojo, el 22 de diciembre de 1998, la okupación se trasladó al actual inmueble de Cabestreros.