La juez cerró en 2000 el caso de los 'okupas' a los que ahora ordena desalojar
La Audiencia Provincial 'tiene reservas a la criminalización de estos actos', pero reabrió el caso
La juez Frieda San José Arango, titular del juzgado de instrucción número 43, archivó el año pasado el caso abierto contra los okupas de la plaza de Cabestreros (Lavapiés) al no apreciar delito en su actuación. Esa misma juez ha ordenado ahora, a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid, desalojar a la treintena de jóvenes que el 6 de enero de 1999 habilitaron ese inmueble de Cabestreros, un edificio que llevaba dos décadas vacío y que ellos convirtieron, con el nombre de Laboratorio II, en morada y centro social.
Las resoluciones judiciales sobre este caso presentan una peculiar paradoja: la juez no considera delito la acción de los jóvenes, y la Audiencia Provincial admite tener 'reservas frente a la opción legislativa de criminalizar' la okupación. Pero los habitantes del edificio de Cabestreros han recibido ya la orden de 'desalojo inmediato' porque los jueces consideran que 'el tipo penal [la usurpación] existe como tal'.
Los okupas de El Laboratorio II (herederos de otro bloque similar, El Laboratorio, desalojado en diciembre de 1998) intentarán impedir que les echen del edificio con una 'resistencia activa y no violenta'.
