Las familias de víctimas de los GAL ya han sido indemnizadas

La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de octubre de 1999 cerró el plazo para acogerse a las indemnizaciones en abril de 2000. El proceso de resoluciones está ya avanzado, según constatan los expedientes que Interior ha facilitado a los partidos que se lo han reclamado. El criterio general de la Administración ha consistido en indemnizar a las víctimas de las bandas terroristas, sin excepciones, desde 1968, y denegarlo a las reclamaciones por actuaciones policiales abusivas.

La Administración ha resuelto ya algunos casos inicialmente polémicos, como los de las casi 30 víctimas de los GAL, la mayoría de ellos militantes de ETA, asesinados entre 1983 y 1987. Además de los familiares del periodista y militante de HB, Xabier Galdeano, asesinado en San Juan de Luz, o el dirigente de HB, Santiago Brouard, asesinado en Bilbao, en 1984, también ha cobrado los 23 millones por fallecimiento la viuda de Juan Carlos García Goena, cuyo asesinato en julio de 1987 nunca reivindicaron los GAL, aunque se le atribuyó.

La Administración también ha resuelto favorablemente las reclamaciones de las víctimas del Batallón Vasco Español y otros grupos afines, que operaron desde los primeros setenta hasta la aparición de los GAL en 1983. Margarita Uría, diputada del PNV, asegura que todos los expedientes que han manejado los abogados de estas familias han sido satisfechos, entre ellos, el del etarra José Miguel Beñarán, Argala..

Hay una excepción a este grupo, el de los dirigentes de HB, Josu Muguruza e Iñaki Esnaola, el primero asesinado, y el segundo herido de gravedad en un atentado en Madrid en noviembre de 1989. La resolución provisional que la Administración dictó en octubre, recurrida por los familiares de la víctima, señala la 'inexistencia de acto terrorista', ya que el tribunal juzgador no consideró probado que fuese una banda armada la que perpetró el asesinato.

Los familiares del dirigente de ETA político-militar, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, presuntamente asesinado por otra facción de ETA, no han reclamado indemnización.

La Administración también ha fallado a favor de los familiares de las 76 víctimas del hotel Corona de Aragón, cuyo incendio fue atribuido a un grupo ultra aunque las pruebas nunca estuvieron claras. También ha fallado a favor en los casos de terrorismo de extrema derecha de la transición. El más emblemático es el de los cinco abogados laboralistas de la calle Atocha, asesinados en enero de 1977 por un grupo ultraderechista. También han recibido indemnización las víctimas del atentado perpetrado por un grupo ultraderechista contra el diario EL PAÍS el 20 de septiembre de 1977.

Entre las 209 denegaciones de indemnización destacan las relacionadas con los familiares de las víctimas de los 'excesos policiales' del final del franquismo y la transición.

Los tres casos más simbólicos rechazados son los de Normi Mentxaka, asesinada en Santurtzi (Vizcaya) en 1976 al final de una manifestación, los de Josu Murueta y Anton Fernández, muertos en una manifestación laboral en Erandio, en 1969, y los cinco obreros muertos en Vitoria por disparos de la policía en marzo de 1976. La Administración ha alegado que 'no se ha acreditado el exceso policial' y no figura como tal en las diligencias realizadas por juzgados militares.