La Diputación pide a la Generalitat que asuma las carreteras que tiene transferidas

El accidente de un camión cisterna cargado de gas propano en el centro de La Palma de Cervelló (Baix Llobregat), el pasado martes, ha puesto sobre la mesa el vacío que hay en la gestión de muchas vías interurbanas catalanas. El siniestro, que se saldó con daños materiales mínimos, pero que estuvo a punto de acabar en tragedia, se produjo en un tramo de carretera urbano sobre el que el Ayuntamiento de la localidad y los vecinos reclaman desde hace años la construción de una variante que evite el paso de camiones y de materias peligrosas por el mismo centro del núcleo urbano. Po ello, la Diputación de Barcelona reclamó ayer a la Generalitat que asuma la gestión de las carreteras que le corresponden por ley.

La Administración autonómica tiene la competencia exclusiva sobre las carreteras y los caminos que transcurren íntegramente por territorio catalán, en virtud de la Ley de Ordenación de las Carreteras de Cataluña de 1985 y el Plano de Carreteras de Cataluña del mismo año. La carretera en la que ocurrió el accidente, la BV-2421, es una de esas vías sobre las que la Generalitat tiene competencias totales y cuya titularidad recaía antes sobre la Diputación.

Pequeña inversión

En el caso de la BV-2421, la construcción de una variante de dos kilómetros requeriría una inversión de tan sólo 550 millones de pesetas y evitaría el paso por el centro de La Palma de Cervelló de unos 1.500 vehículos diarios que tienen que atravesar la población por una estrechísima y sinuosa carretera en pendiente. El conflicto sobre el traspaso de las carreteras ha comportado que aún no se haya construido la variante, pese a que existe un proyecto para ello desde 1997.

La Diputación de Barcelona se mostró hace un año favorable a asumir parte de la inversión de la variante, siempre y cuando también lo hiciera el resto de administraciones implicadas. La Diputación señala que mientras la Administración autonómica no asume la gestión de las carreteras que le corresponden, se ve obligada a destinar a esta partida más de 3.000 millones de pesetas al año, 'que', añade, 'deberían ir a parar a los municipios'. Esta cantidad la destina el organismo de la Administración local a mantener en buen estado cerca de 2.000 kilómetros de red viaria en la provincia de Barcelona.

El próximo pleno de la Diputación tratará precisamente una moción en la que se insta al Gobierno de la Generalitat a que asuma el traspaso definitivo de las carreteras gestionadas todavía hoy por la propia Diputación. El argumento que se da es el legal, por una parte, y el económico, por otra, ya que desde la Diputación se argumenta que cuando la Generalitat asuma las carreteras podrá dedicar recursos al mantenimiento de los caminos locales.