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La Diputación de Cádiz recurre la invalidez de una empleada

La comisión de gobierno de la Diputación de Cádiz ha acordado recurrir la decisión del INSS de conceder la invalidez permanente y total a la funcionaria M.T.B.V., quien un año antes había supuestamente desviado 41 millones de pesetas de los fondos del AEPSA que gestiona esta administración a cuentas corrientes de familiares. M.T.B.V., que consiguió la pensión tras permanecer 246 días de baja por estrés postraumático, una vez conocidos los hechos, admitió la sustracción de dinero y lo reintegró, aunque el caso está en la vía penal.

'En modo alguno aceptamos que el problema se limite al ámbito meramente disciplinar, sino que hemos orientado nuestra acción en las instancias administrativas penales y civiles', detalla la Diputación.

El portavoz del grupo socialista, Francisco González Cabañas, ha ido más allá: 'La comisión de gobierno ha expresado su sorpresa y escándalo por la inusual y sospechosa celeridad que por parte del órgano correspondiente del INSS se ha propuesto a dicha persona para el reconocimiento de pensión de incapacidad permanente total'.

Concurso anulado

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz ha anulado la convocatoria de la Diputación por la que accedieron 27 docentes al Instituto Fernando Quiñones, adscrito a esta institución. El fallo también anula los nombramientos de los profesores en aquella convocatoria, celebrada el 26 de julio de 2.000. La Sala considera 'contrarios a derecho' los puestos de trabajo obtenidos por aquel procedimiento e injustificado que la Diputación decidiera valorar, para la obtención de cero a tres puntos, sólo la experiencia de los docentes en centros de la Diputación o de otras administraciones locales, en detrimento de los profesionales que acumulaban experiencia laboral en otras instituciones, públicas o privadas.

'No tiene justificación alguna el que se valore únicamente la experiencia laboral como docente en la misma especialidad en centros educativos pertenecientes a entidades locales, y, sobre todo, se valore doblemente la desarrollada en los centros de la Diputación de Cádiz', dice la sentencia, que añade: 'Queda vedado, prácticamente, el acceso a quienes acreditaran un buen curriculum profesional de lo mismo en la empresa privada o en otras administraciones públicas'.

Uno de los 27 docentes que entró en la Diputación fue el concejal del grupo municipal PSOE-Progresistas Juan Ortuño, quien obtuvo la plaza tras superar con la máxima nota un examen oral sobre la especialidad. Ortuño, que ya no ejerce en ese centro, tras ser llamado como interino de la Junta, tampoco obtuvo puntos en el baremo previo al no tener experiencia docente en la institución provincial. El PP consideró su contratación un caso de enchufismo del PSOE y ayer la tachó de 'ilegal'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de marzo de 2001