Votación contra las enmiendas a la norma del silencio administrativo

El proyecto de ley para la mejora y garantía de los procedimientos administrativos superó ayer en el Parlamento el debate de dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular e Izquierda Unida. El proyecto, que ahora entrará en discusión en comisión, precisa en qué casos se amplía a más de seis meses la obligatoriedad de la Administración andaluza de dar respuesta a los ciudadanos y qué peticiones tendrán una solución desestimatoria en caso de silencio administrativo.

Para la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, la futura ley 'establece un claro principio de seguridad jurídica para los ciudadanos, ya que define de manera clara la duración de cada procedimiento y el sentido del silencio'.

El proyecto establece excepciones respecto a la normativa básica estatal en el caso de 88 procedimientos administrativos de un total de 1.230. En 88 peticiones de los andaluces (que pueden ir desde el deslinde de bienes patrimoniales, la concesión de emisoras de FM o autorizaciones para actividades mineras) el Gobierno propone ampliar la resolución de los expedientes entre siete y 36 meses, dependiendo del procedimiento, ya que, según el portavoz socialista José Antonio Marín Rite, 'intervienen pluralidad de partes y de administraciones' que requieren más tiempo para resolver. En cuanto al silencio administrativo, el Ejecutivo andaluz propone que en 119 procedimientos éste se considere negativo.

El PP consideró que el proyecto 'blinda la ineficiencia y la ineficacia' de la Administración. Concha Caballero (IU) aseguró que la ley no es práctica para los administrados.