TRIBUNALES | OFRECÍAN FALSOS REMEDIOS TERAPÉUTICOS

Juicio a tres personas por estafar con un falso remedio

La vista oral de este caso comenzó ayer en la sección segunda de la Audiencia de Alicante. Los procesados son A. C., propietario de la clínica, J. M. A., gerente del establecimiento, y A. G., un facultativo español. El cuarto acusado, el falso médico ruso V. V., está en búsqueda y captura.

Los acusados, según el fiscal, abrieron a finales de 1993 un centro médico en Orihuela. La clínica permaneció activa hasta mayo de 1994. Mediante anuncios en la prensa, los procesados llegaron a captar hasta 23 pacientes con dolencias neurológicas. De ellos, 16 pagaron cantidades de entre un millón y un millón y medio de pesetas por un tratamiento supuestamente eficaz contra ciertas enfermedades. Sin embargo, el remedio no era más que un compuesto similar al utilizado para paliar los síntomas del parkinson.

El propietario de la clínica declaró que contactó con el médico ruso en Moscú. 'Allí gozaba de un reconocido prestigio', aseguró. Este acusado dijo que el centro abrió pese a que la titulación del doctor ruso no había sido homologada por la Administración, extremo que nunca se produjo. El gerente dijo desconocer la base científica o la eficacia del método del médico ruso. 'Yo me ocupaba de que el centro funcionase bien, pero cuando vi que no había posibilidad de negocio, lo dejé', explicó. El facultativo español, un médico generalista, dijo que su función era realizar las exploraciones generales a los pacientes. 'Pero nunca receté el tratamiento a ningún enfermo, de ello se encargaba directamente el doctor ruso', afirmó.

Dos de los familiares de pacientes que fueron objeto de tratamiento en el centro declararon que el doctor ruso les aseguraba que con su método se curaba la enfermedad. Uno de ellos, padre de un niño con parálisis cerebral, aseguró: 'El doctor ruso me dijo no sólo que curaría a mi hijo, si no que si lo hubiera llevado antes ya estaría jugando al fútbol'. 'Pero no mejoró, sino que empeoró', añadió.

El fiscal, en su escrito de calificación provisional, solicita para los procesados penas que oscilan entre los 3 y 6 años por estafa e intrusismo. La vista oral sigue hoy con la declaración del resto de afectados.

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