Un escándalo

La Diputación de Cádiz tramitó para que el que suscribe solicitud de pensión de incapacidad laboral por tener secuelas graves de poliomelitis del M.I.D. y de fractura de tibia y peroné de M.I.I. en cavo, con debilidad para la extensión dorsal y primer dedo 'en garra' con secuelas de la citada fractura por accidente de tráfico, que ha acentuado las dificultades para la deambulación. Antes del accidente, andaba con una muleta. Ahora, tengo que utilizar las dos y voy a cumplir el próximo mes de junio 60 años, de los cuales llevo 41 trabajando en esta Diputación. En la columna lumbar presento una escoliosis con dolor muy selectivo a nivel L5-S1 y en la ápico-transverso de L2 y L, derechos. Radiológicamente, se destaca la escoliosis lumbo-sacra con pinzamiento L5-S1 y hemiatrofia global de todo el esqueleto pélvico. Padezco cambios degenerativos lumbares y las secuelas de poliomelitis conforman un cuadro que justifica sobradamente la invalidez permanente. Me encuentro en tratamiento psiquiátrico por una depresión mayor. La doctora médico rehabilitadora coincide con el informe del traumatólogo y el inspector médico de la Diputación ratificó los informes anteriores. El pasado 16 de enero recibo un escrito del INSS en el que se me deniega la incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que padezco un grado suficiente de disminución de capacidad laboral. Los citados informes han sido elaborados por doctores médicos especialistas.

Por ello, me ha sorprendido que una funcionaria de la Diputación, según he leído en El PAÍS, que presuntamente se apropió de 41 millones de pesetas, sin aparentar trastorno mental alguno en el momento de sustraer dicha cantidad, le concedan la incapacidad permanente total por trastornos psicológicos y a mí me la denieguen. Me gustaría saber qué criterio han tenido en cuenta con el que suscribe y cuál con la funcionaria expedientada, que hoy disfruta de la incapacidad permanente total.