Los directores de los colegios de Huelva solicitan a Educación que les garantice su protección legal

El director del colegio de primaria San Walabonso de Niebla (Huelva), Juan Garrido, condenado por la justicia al pago de una multa de 2,3 millones de pesetas como responsable subsidiario del accidente de un menor, al que se le cayó una portería encima, solicitará hoy 'protección jurídica' al viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Sebastián Cano. El suceso ocasionó al pequeño la amputación de un dedo del pie, por lo que la familia presentó una denuncia penal contra el director del colegio.

La polémica sentencia provocó hace dos semanas la dimisión en bloque de 190 directores de centros públicos de la provincia onubense. Los docentes exigen al Gobierno andaluz que retire un recurso de apelación que, a su juicio, 'trata de exculpar a la Consejería de Educación de lo ocurrido'.

El delegado provincial de Educación, el socialista Fernando Espinosa, garantizó a los directores que la Junta ha retirado el recurso, pero éstos últimos le exigen un documento que lo acredite. Los docentes denunciaron además que el Gobierno andaluz 'todavía no ha presentado un calendario de actuaciones para llevar a cabo el plan de revisiones de las instalaciones en Huelva'.

El responsable del colegio San Walabonso aseguró que los directores se encuentran indefensos ante este tipo de sucesos. 'Nosotros no podemos estar sentados en nuestros despachos y asumir todas las competencias de las actividades que ocurren en el centro. De lo contrario, cualquier padre puede llevarnos al juzgado' explicó ayer Juan Garrido. Mientras, el delegado de Educación, que no ha aceptado la renuncia de los directores, considera que la Junta de Andalucía 'ha aceptado todas las demandas del colectivo y que garantiza la defensa jurídica del profesorado'. Además, Espinosa explicó que Educación 'dispone de un seguro de defensa jurídica para todos sus funcionarios ante las denuncias que se les puedan presentar por la vía penal o civil, en relación al desempeño de sus cargos y sus funciones'. Finalmente, Espinosa subrayó que la Junta, en este caso, 'asumirá la responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados'.