La oposición para inspectores de Educación favorece a los colocados por el PP, según UGT

La convocatoria, las bases, la baremación y la composición del tribunal de la oposición convocada en noviembre pasado por la Generalitat para acceder a 55 plazas de la Inspección Educativa ya habían sido tachados por los sindicatos de 'traje a medida' para favorecer a los inspectores colocados por el PP: un colectivo de unas 60 personas, muchas de ellas con lazos familiares y de amistad con dirigentes del partido que sustenta al Consell, que ocupan plazas de inspector de forma eventual tras ser habilitados para ello a través de comisiones de servicios por la Generalitat a lo largo de los últimos seis años, en los que no se han convocado oposiciones para esta función, vital en la aplicación de la política educativa.

Los sindicatos recurrieron judicialmente. Cuestionaron desde el nombramiento íntegro del tribunal por parte de la Administración -un gesto político sin precedentes en las convocatorias públicas de enseñanza-, hasta los requisitos y los méritos, porque, entre otras cuestiones, se puntúan 'cursos a los que sólo han tenido acceso algunas personas', en referencia a los inspectores colocados por el PP, entre los que figuran un hermano de la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, la sobrina de un director general de Educación, varias esposas de cargos públicos y una retahíla de militantes y concejales del PP, además de ex dirigentes sindicales afectos.

Sólo faltaba conocer el desarrollo de las pruebas. Y ayer, en la primera, los sindicatos vieron confirmadas sus sospechas. Para empezar, en lugar de iniciarse con un examen oral, la oposición comenzó con una prueba práctica. Algo que no es ilegal, pero sí inhabitual. Los aspirantes a una de las 55 plazas -ayer concurrieron unas 150 personas-, tenían que resolver una cuestión práctica referida a un centro concertado de Educación Primaria. 'Es imposible que la prueba la haga bien alguien que no está dentro, favorece a las personas que ya están ejerciendo de inspectores', denunció Esteban Montesinos, de FETE-UGT, quien aseguró que numerosos opositores abandonaron al conocer el contenido del examen.