Retrasos

La Memoria Anual del TSJ de Andalucía, que ha presentado el presidente del tribunal, refleja que la Justicia en nuestra comunidad sigue tan lenta como en años anteriores. La rapidez en la solución de conflictos está ausente de tribunales y juzgados. El derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas queda para otro año y para otra Memoria. Nada nuevo. Lo peor es que da la impresión de que salir de esta situación en la que la Justicia funciona mal, o muy mal (barómetro del CGPJ, encuesta realizada los meses de septiembre y octubre del pasado año), resulta imposible. Las justificaciones que han acompañado a la Memoria así parecen indicarlo. La falta de medios, las deficiencias de las leyes procesales o las técnicas dilatorias de los abogados, se dice que son las causas que favorecen esta situación. Los jueces, por el contrario, son ajenos al problema. Ninguna responsabilidad les alcanza. Esto es, si se les concedieran todos los medios que piden, se dictaran leyes procesales al gusto y si los abogados no fueran unos estrategas dilatorios, la Justicia iría que se salía.

No parece que las explicaciones sean bastantes. Alguna responsabilidad corresponderá a los jueces. Su actuación al frente del órgano judicial del que son titulares influye decisivamente en los resultados y en su retraso. Si retrasos judiciales y funcionamiento en general dependieran exclusivamente de medios, abogados y leyes, los resultados, salvo excepciones, serían semejantes en los juzgados del mismo orden judicial y de la misma ciudad. Es razonable. Se aplican las mismas leyes, cuentan con los mismos abogados estrategas y disfrutan de la misma sede. Sin embargo. no es así. Basta asomarse a los datos de cada juzgado o sala, sin perderse en la totalidad de los números, para comprobar que unos van bien y otros no tanto.

Tal vez una responsabilidad compartida, sin excusas, podría ayudar a la solución del problema. Mientras tanto, no estaría de más que los ciudadanos conocieran al juez que está encargado de resolver sus asuntos, y se lograra una mayor puntualidad en la realización de los actos judiciales. A lo mejor podría mejorar la imagen y la confianza de los ciudadanos en su justicia.