Ocho años de internamiento para las asesinas de la joven Klara García

Las menores condenadas confesaron ante la policía y el juez instructor que engañaron a la víctima -una antigua amiga y compañera de instituto- para conducirla al descampado de El Barrero, donde le seccionaron parcialmente el cuello y le asestaron 18 puñaladas. El cadáver fue encontrado al día siguiente de su muerte. Las asesinas declararon posteriormente que cometieron el crimen para 'experimentar qué es lo que se sentía' y porque querían hacerse 'famosas'.

La sentencia del juez Del Río atiende a la petición de la fiscalía, que solicitó la mayor medida correctora para las asesinas. Acepta también las razones expuestas por el abogado de los padres de la víctima, quien consideró que las chicas actuaron con 'alevosía, premeditación y con plena conciencia' de lo que hacían.

El magistrado dictó ayer sentencia después de rechazar el viernes tramitar ante el Tribunal Constitucional las distintas cuestiones de inconstitucionalidad a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que le plantearon en el juicio los abogados defensores y el letrado de los padres de la víctima.

La sentencia decide que las dos adolescentes reciban tratamiento terapéutico durante el tiempo que dure su internamiento. Ésta es una de las medidas que solicitaron los abogados que ejercen la defensa de las ahora condenadas, Fernando Serrano y Luis Pérez Matallana. Ambos anunciaron ayer que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

En un comunicado de prensa emitido ayer, el abogado de I. S. G, Fernando Serrano, justifica la decisión de recurrir en 'la celebración de un juicio paralelo' en la sociedad, en los medios de comunicación y en 'altas magistraturas de la Nación'. En este sentido, el abogado criticó las declaraciones al respecto del ministro de Justicia, Ángel Acebes, y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. 'Hemos visto con asombro cómo han llegado a participar realizando declaraciones en las que se adelantaba sin recato alguno la condena que se les iba a imponer a nuestras defendidas, olvidando así el derecho fundamental que tiene toda persona a la presunción de inocencia'.

Serrano se quejó: 'Se permitieron [el ministro y el fiscal general del Estado] anunciar que la pena que les sería impuesta a las acusadas ascendería a ocho años de internamiento más otros cinco años de libertad vigilada. En total, trece años, la misma pena que efectivamente ha impuesto la sentencia'.

Este abogado criticó además algunas decisiones que rodearon la celebración de la vista en los días 23 y 24 de febrero. Serrano lamentó que el juez Del Río decidiera que la vista se celebrara a puerta cerrada porque, a su juicio, 'se vulneró el derecho al juicio público con todas las garantías'.