El juez ordena el reingreso en un centro de una de las autoras del asesinato de Klara García

El juez ha comunicado su decisión en un auto a los abogados de las jóvenes, Fernando Serrano y Luis Pérez Matallana, accediendo así a las peticiones de los letrados, del equipo técnico de Menores del Juzgado y de la Junta de Andalucia, que modificó su petición inicial de libertad vigilada, opción que sólo ha sido mantenida por la Fiscalía, que además solicita la prohibición de regresar a San Fernando.

Aunque la Ley de Responsabilidad Penal del Menor dice que las adolescentes no pueden estar más de seis meses internadas de forma preventiva, en este caso la interpretación de la ley se hace en función de lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRI), norma complementaria a la del Menor.

Así, Raquel, de 18 años, permanecerá en el centro de menores de Andalucía en el que se encuentra internada desde que terminó el juicio, el pasado 24 de febrero. Por su parte, Iria, en libertad por decisión judicial desde el pasado sábado, deberá ingresar en un centro de menores en régimen cerrado que designe la Junta de Andalucía. Ambas deberán permanecer en estos centros para recibir tratamiento psicológico.

Desde finales del mes de enero hasta su puesta en libertad, Iria ha permanecido recluida en un centro de menores de Galicia del que no salió pese a tratarse de un centro de régimen semiabierto y donde su abogado pretende que se la retorne.

Matallana entiende que este periodo que pasarán internadas se les computará como abono de la medida de ocho años de internamiento en un centro de cerrado de menores y cinco de libertad vigilada dictada en la sentencia que las condenó por asesinato y conspiración para el asesinato, que está recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.

Manifestó respecto a la decisión adoptada hoy por el juzgado que está "llena de buen criterio, y es muy adecuada a las necesidades de las chicas en este momento".

No lo entiende así José Antonio García, el padre de la adolescente asesinada por dos compañeras de instituto en San Fernando (Cádiz), Clara García, quien considera que la decisión del juzgado de menores de que las dos condenadas sigan internadas es "una ilegalidad".

García dijo a Efe que la decisión judicial contradice el artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que establece como periodo máximo de internamiento un máximo de seis meses y aseguró que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es "sólo supletoria".

El padre de Clara considera que la decisión tomada hoy por el juzgado "demuestra que la ley no vale para nada", y aunque dijo que lo que más desea es que las dos condenadas estén internadas "y cuanto más tiempo mejor", agregó que "no se puede tolerar que la justicia se imparta a la carta".

Lo ocurrido estos días con la puesta en libertad de una de las chicas y la decisión de hoy de que vuelvan a estar internadas indican, según el padre de Clara, que "tienen un galimatías que no se aclaran ni ellos".

Por otro lado, José Antonio García valoró la decisión del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha presentado ante el Parlamento autonómico un informe solicitando la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

"Ha sido la única persona a nivel institucional que ha sido capaz de comprender la realidad y de dar el paso", declaró García, quien pidió a los partidos políticos que modifiquen esta ley.