La izquierda exige que se investigue a Turismo

Las últimas irregularidades del consorcio Turismo de Cataluña denunciadas por los grupos parlamentarios del PSC-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa-Verds (IC-V) se refieren a la gestión de sendas delegaciones del consorcio en París y Moscú.

En el caso de París, se trata de evaluar los gastos reales de la implantación de la agencia turística restaurante y de los costes de su suspensión de pagos y posterior reflotamiento económico. En el caso de la Maison de la Catalogne numerosas empresas resultaron beneficiadas con adjudicaciones directas que vulneran la Ley de Contratos del Estado.

En lo referente a la oficina de Moscú, se trata de averiguar el destino de los ingresos en concepto de visas turísticas de los rusos que viajan a Cataluña. En la contabilidad del consorcio no consta ningún ingreso por este concepto en los diversos ejercicios de vida de la oficina en Moscú.

Pero los grupos parlamentarios llevan años denunciando irregularidades en la gestión del Gobierno de Pujol en esta área. Y el Gobierno catalán lleva años utilizando todo tipo de argumentos para salvar la situación y evitar el escándalo. Eso incluye episodios como la insólita desaparición de unos 2.000 expedientes, por ejemplo. O como la reciente negativa del consejero, Antoni Subirà, a que el diputado José Luis López Bulla pueda examinar la documentación del Departamento en las indagaciones que lleva a cabo sobre el consorcio. Subirà decidió por su cuenta dar por terminada la investigación, en contra de la voluntad del diputado.

López Bulla ha recibido el amparo del presidente del Parlament, Joan Rigol, para poder continuar llevando a cabo su tarea como diputado. El amparo ha consistido en solicitar al diputado que le indique a qué documentación le ha sido impedido el acceso o no le ha sido entregada, para que el propio Rigol acompañe la correspondiente solicitud al Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

Estos incidentes discurren en paralelo a la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 11 por supuesta malversación de fondos por el anterior director de Turismo de Cataluña, Joan Cogul, a través de una trama de empresas proveedoras de servicios e informes controlada por su esposa.

Los tres partidos de la izquierda aseguraron ayer que insistirán todo lo que haga falta para conseguir que se lleve a cabo la investigación parlamentaria que reclaman. Aunque no se hacen ilusiones. La petición será examinada la semana próxima por la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament. El socialista Joaquim Nadal expresó el temor de que esta petición reciba la misma negativa que la formulada meses atrás para investigar la desviación de fondos europeos para formación ocupacional a una trama empresarial vinculada a Unió. La mayoría formada por CiU y PP actúa con la precisión de un reloj para proteger al Gobierno catalán de cualquier investigación sobre corrupción.

El republicano Josep Bargalló insistió también en que los tres grupos firmantes se plegarán a las derrotas de su petición en la Junta de Portavoces del Parlament.