Montoro acepta negociar la actualización del censo en el nuevo modelo de financiación autonómica
La Junta cree 'constructiva' la postura del Gobierno pero lamenta los 'cinco años perdidos'
Montoro y Álvarez participaron ayer en unas jornadas sobre financiación autonómica organizadas por la Confederación de Empresarios de Andalucía. 'Nuestro deseo es que la financiación deje de ser objeto de enfrentamiento político', dijo, a modo de preámbulo, el presidente de la patronal andaluza, Rafael Álvarez Colunga. Las intervenciones que se sucedieron a lo largo de la jornada dejaron entrever que expertos y responsables políticos ven ahora más posible el consenso político que faltó en 1996 al aprobarse el actual sistema de financiación autonómica.
El ministro de Hacienda admitió que el 'escenario político' ha cambiado. En 1996, las tesis de CiU y Coalición Canaria (socios del PP en la pasada legislatura en el Gobierno central) pesaron en la definición del modelo. 'Ahora no hay condicionamientos, tenemos la oportunidad política de completar la financiación del Estado de las Autonomías', dijo en su intervención ante los representantes de varias organizaciones empresariales.
'Hay que evitar las revisiones cainitas del modelo cada cinco años', indicó Montoro quien defendió que el sistema actual ha funcionado 'satisfactoriamente'. Ante los medios de comunicación, el ministro evitó concretar cuándo se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar el asunto -'Hay que esperar a que madure el diálogo entre los partidos políticos', argumentó-. Tampocó precisó en demasía qué novedades incorporará el sistema, aunque sí aseguró que se incorporará 'una cesta de impuestos más variada que la actual'.
El sistema vigente plantea completar los recursos transferidos por el Estado con la cesión de hasta el 30% del IRPF recaudado en cada comunidad y algunos impuestos menores (transmisión patrimoniales, sucesión y donaciones). Un modelo que fue rechazado por Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha (comunidades gobernadas por el PSOE) al considerar que no les garantizaba la suficiente autonomía financiera con relación a otros Gobiernos regionales.
A estas razones, Andalucía sumó otra, aún más importante para no integrarse en el sistema que ha estado vigente entre 1997 y 2001: al no usar el censo de 1996, sino el de 1988, la población empleada para calcular los recursos que se distribuyen a cada comunidad es 383.000 personas inferior a la real.
'El tema del censo ha sido usado como una excusa en el pasado para ocultar las pérdidas que ha tenido Andalucía por no estar en el sistema', indicó Montoro, quien abogó porque la comunidad abandone el 'limbo financiero'. El ministro, sin embargo, evitó concretar en esta ocasión las pérdidas que habría tenido la comunidad por no estar en el sistema, que el PP ha cifrado en varios ocasiones en más de 200.000 millones en los últimos cinco años.
Los números de la Junta son bien distintos, como expuso la consejera de Economía, Magdalena Álvarez unas horas más tarde, tras precisar ante los periodistas que, para el censo, 'se debe usar siempre el último dato oficial que se tenga'.
La consejera de Economía recordó los cálculos que ya expuso en noviembre en el debate sobre los Presupuestos. de Andalucía. Según las cuentas de la Consejería, la Junta habría perdido 770.000 millones de pesetas en los últimos cinco años por no respetarse el censo ni los criterios de revisión anual que se les ha aplicado a otras comunidades en su Participación en los Ingresos del Estado.
En las comunidades incluidas en el sistema, como regla de evolución, se ha tomado como referencia el crecimiento de los Ingresos Tributarios del Estado (ITAE), mientras que para Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha se ha usado la evolución del PIB nominal, mucho inferior.
'Me alegro de que el ministro haya admitido que el sistema financiero actual fue impuesto y de que haya reconocido la insuficiencia del modelo', indicó Álvarez, quien recordó que el sistema buscaba incrementar en un billón de pesetas los recursos a disposición de las comunidades autónomas y que, finalmente sólo han sido 100.000 millones. La consejera lamentó que Montoro hubiera desperdiciado 'una oportunidad' de concretar sus propuestas.
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