El Gobierno plantea ceder a las autonomías tres impuestos especiales
El informe de Rato defenderá las 'virtudes' del modelo de financiación autonómica adoptado por el Gobierno en 1996 por lo que tiene de aumento de la capacidad de gestión y de autofinanciación de las comunidades autónomas y, en consecuencia, abogará por un modelo continuista con escasas variantes. El Gobierno iniciará la negociación con las autonomías en las próximas semanas y deberá culminar antes de la presentación de los próximos presupuestos, según fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo apuesta por aumentar la capacidad de gestión de los impuestos por parte de las comunidades autónomas sobre la base de la ya existente, tras la cesión, en 1996, del 30% del IRPF. En los borradores que maneja el Gobierno para negociar con las comunidades autónomas figura la cesión de los impuestos especiales -tabaco, gasolinas y al alcohol-, de una parte del IVA, la matriculación de vehículos y discutir un aumento del porcentaje de participación autonómica en el IRPF.
La otra novedad del modelo consistirá en la vinculación de la financiación sanitaria a la común con lo que aumentará la capacidad de gestión de las comunidades autónomas, que podrán dedicar recursos del sistema general de financiación a su política de sanidad. Con tal objetivo, el Gobierno ha decidido adelantar dos años el traspaso de las competencias sanitarias a las diez comunidades autónomas.
Transferencias por impuestos
El criterio del Ejecutivo es aumentar la capacidad de gestión de las comunidades -'cambiar transferencias por impuestos', señalan-, pero rechaza aumentar el dinero a repartir entre las comunidades por encima de lo que signifique el traspaso sanitario. En 2001, las comunidades gestionarán 13 billones, que supondrán 800.000 millones más en 2002 (ver cuadro) -por el mero crecimiento de la media de ingresos tributarios en un 6%-.
Sin embargo, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, y punta de lanza de las reclamaciones de las seis comunidades socialistas, exige que se ponga medio billón de pesetas más sobre la mesa para 2002. La consejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, estima que esa cantidad debe compensar la actualización del censo -se está utilizando el de 1988, con fuertes pérdidas para Andalucía y Cataluña- y las cantidades perdidas por las tres comunidades socialistas que no aceptaron el modelo vigente. Alvarez estima esas pérdidas en 694.000 millones por todo el quinquenio.
La estrategia de los socialistas ante la negociación del nuevo modelo de financiación se centrará precisamente en la cifra a repartir entre las comunidades y de manera secundaria en los impuestos que el Ejecutivo debe descentralizar, según señala el responsable del área económica del PSOE, Jordi Sevilla.
La consejera socialista andaluza, Magdalena Alvarez, ve en la actitud del Gobierno del PP, al ceder una cesta de impuestos, un reconocimiento retrospectivo de la posición que hace cinco años mantuvo la Junta andaluza ante el Ejecutivo.
Hace una semana, el secretario general de Política Fiscal Territorial del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, envió una carta a los consejeros de las comunidades en la que les insiste en que le envíen sus propuestas para el nuevo modelo de financiación. Incluso les invita a remitir 'cualquier otra documentación pública, tales como debates parlamentarios, artículos periodísticos...' que se hayan producido en su territorio.
Al menos las cinco comunidades gobernadas por el PSOE se niegan a plantear sus iniciativas, ya que consideran que es al Gobierno a quien le corresponde poner su modelo de financiación sobre la mesa de debate, informa Concha Martín.
Ayer el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, anunció que se convocará al consejo de Política Fiscal 'en primavera'. Insistió en que el nuevo sistema ha de ser estable, transparente, aceptado por todos y respetuoso con los principios de autonomía y solidaridad.
