La Administración sortea la ley de prevención de riesgos laborales desde hace tres años por falta de reglamento

La ley de prevención de riesgos laborales persigue mejorar las condiciones de trabajo y garantizar un entorno saludable para todos los asalariados y empleados por cuenta ajena. Establece la autoridad en materia de inspección, la instancia administrativa que debe velar por el respeto de unas condiciones dignas de trabajo y las posibles sanciones a los patronos que incumplan unos requisitos mínimos. Pero cuando el patrón es la Administración, las tres instancias se confunden.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud -un órgano colegiado de asesoramiento de las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales que reúne al Estado, las comunidades autónomas y sindicatos - estudió en febrero de 1998 un borrador de decreto para establecer la vías administrativas a utilizar cuando el patrón que incumple las normas de seguridad laboral es la propia Administración. Pero el documento sigue pendiente de tramitación más de tres años después.

La ley atribuye la función inspectora a la Inspección de Trabajo para la Administración General del Estado, pero prevé que las comunidades autónomas puedan atribuir a órganos diferentes la inspección de las condiciones de trabajo de los funcionarios, un paso que todavía no se ha adoptado porque sigue pendiente del mismo decreto.

Así las cosas, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha elevado un escrito al Defensor del Pueblo para que tome cartas en el asunto. UGT ilustra la cuestión con una serie de denuncias que ponen de manifiesto la diferencia de criterio entre los inspectores del Ministerio de Trabajo y los del Gabinete de Seguridad e Higiene de la Consejería de Empleo.

El inspector del ministerio visita el Hospital Doctor Peset Aleixandre de Valencia, por ejemplo, y establece que los empleados del tren de lavado deben recibir información inmediata sobre los productos que utilizan para evitar mezclas tóxicas. Sin embargo, el técnico de la consejería 'desestima la posibilidad de riesgo higiénico por inhalación de contaminantes químicos en el tren de lavado'.

Pero el mayor problema reside, según se desprende de las denuncias, en el incumplimiento por parte de la Administración autonómica de las exigencias de los técnicos en seguridad.

UGT recuerda, además, que la falta de seguridad en hospitales o juzgados -que concentran la mayoría de las denuncias-, no sólo afecta a los empleados públicos, sino a todos los usuarios.