Fractura en el mundo sindical

Los sindicatos han perdido la primera batalla frente al Gobierno del PP. Además de encontrarse con una reforma laboral impuesta, han caído víctimas de la táctica que figura en el primer párrafo de la primera página de cualquier manual sobre cómo vencer al enemigo: divide y vencerás. Tras analizar la reforma, el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, ha resuelto que 'ahora no toca' ir a la huelga general y el líder de UGT, Cándido Méndez, sostiene que 'ya tocará', y sin que pase mucho tiempo.

Unas decisiones refrendadas por sus respectivas direcciones, que han dado origen a un enfrentamiento de los de mayor calado en los 13 años de su unidad de acción. En anteriores crisis, discreparon sobre el día de la convocatoria y lo superaron con mucha mano izquierda. Ahora la salida es más complicada. Los ugetistas siguen trabajando con el horizonte de un paro general de 24 horas, al que habían puesto la fecha orientativa del 24 de mayo, aunque no lo convocarán en solitario, mientras que CC OO no lo contempla de momento y apuesta por recomponer el diálogo social.

En pocas semanas se sabrá quién trabaja en escenarios virtuales. La palabra la tiene el Gobierno en la negociación abierta sobre pensiones, convocada de nuevo para la próxima semana, y en la decisión que tome sobre la anunciada, y no precisada, reforma de la negociación colectiva, para la que no está ni abierta la mesa de discusión. El desacuerdo daría la razón a Méndez y el pacto, a Fidalgo.

Las dos centrales tienen abundantes argumentos. Para UGT, es necesaria la huelga 'por el propio contenido de la reforma, porque el Gobierno ha roto abruptamente un modelo de diálogo y por las medidas duras que se pueden producir sobre pensiones, negociación colectiva y recorte del desempleo'. Además le ha puesto en la tesitura de recordar que al Gobierno del PSOE le hicieron tres huelgas generales (más una cuarta que convocó CC OO en solitario) por cada reforma impuesta.

Recomponer el diálogo

Para CC OO, el instrumento de la huelga general no se puede devaluar y hay que dosificar el alcance de la respuesta, porque ir ahora al enfrentamiento supone 'dejar vía libre a los sectores del Gobierno que propugnan esas medidas duras', y sostiene que 'es mejor recomponer el diálogo y co-gobernar las reformas y co-responsabilizarse con ellas'. Un discurso con el que Fidalgo hace una arriesgada apuesta si las negociaciones finalmente fracasan, y en el que ha tenido enfrente al sector crítico del sindicato, que lidera Agustín Moreno. Como respaldo, Fidalgo cuenta con dirigentes de las más poderosas federaciones, entre ellas transportes, químicas y banca, y con el de metal, Ignacio Fernández Toxo, quien fue su rival para suceder a Antonio Gutiérrez al frente de CC OO. Ese sector mayoritario del sindicato es consciente de que se la juega, pero uno de sus dirigentes describe así el escenario que ahora se abre: 'Si cerramos un pacto estará bien. Si culmina mal, y el Gobierno vuelve a imponer una reforma, nos habremos cargado de razones', para una convocatoria de paro general.

Junto a la división de los sindicatos, se ha producido otra en el seno del Gobierno con dos polos en torno al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, con divergencias sobre el alcance de las reformas que se intentan ocultar públicamente. En este proceso ha tenido un papel protagonista Rodrigo Rato. Fue él quien, el domingo 25 de febrero, tres días antes de que concluyese el margen que patronal y sindicatos se habían dado para dialogar, llamó a los negociadores para comunicarles que el tiempo estaba agotado y que el Consejo de Ministros iba a aprobar el viernes 2 de marzo su propia reforma. Una advertencia que se cumplió, con un contenido desequilibrado a favor de las propuestas de la patronal, que flexibiliza el contrato a tiempo parcial y de formación, amplía el despido más barato a más colectivos (parados más de seis meses y menores de 18 años), y sin apenas medidas para reducir la temporalidad, que era el primer objetivo de las centrales. La innovación de una indemnización de ocho días por año para los contratos temporales es meramente simbólica si se tiene en cuenta que la duración media de esos contratos es de tres meses y les corresponde una indemnización de dos días.

También es Rato quien, desde hace semanas, viene manifestando a múltiples interlocutores que es urgente un segundo capítulo de cambios, consistente en una reforma en profundidad de la negociación colectiva. Sobre sus contenidos, según fuentes de la Administración, Rato tiene muy en cuenta las opiniones de Luis de Guindos, antes socio de Asesores Bursátiles, y ahora secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia.

Fisura en el Gobierno

El ministro Aparicio, aunque es muy cuidadoso en sus declaraciones públicas para que no se atisben fisuras en el seno del Ejecutivo, quiere en cambio recomponer el diálogo y está 'en disposición de alcanzar un acuerdo sobre pensiones y de evitar un enfrentamiento abierto con el movimiento sindical que no beneficia a nadie'. Según sus colaboradores más próximos, este ministro valora 'la apuesta de Fidalgo', y por eso al día siguiente de que el sindicalista instara a restaurar el diálogo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, fijaba una reunión de la mesa de pensiones.

CC OO cree que su desarrollo servirá de test y que no hay posibilidad de acuerdo si el Gobierno insiste en modificar el periodo de cálculo de las futuras pensiones. El aumento de 15 años a 35, es decir, toda la vida laboral, supondría reducir un 25% la expectativa de pensión. Esa propuesta es también para UGT un elemento suficiente para el fracaso de la negociación.

Con el desenlace de esa mesa está en juego la quiebra definitiva de un modelo de diálogo que dio como fruto una decena de pactos en la primera legislatura del gobierno del PP. En ella, el Gabinete Aznar tuvo la necesidad de despejar recelos ante los trabajadores, y en esa tarea trabajaron con empeño sus dos primeros ministros de Trabajo, Javier Arenas y Manuel Pimentel. Ahora, con mayoría absoluta, no le hacen falta al PP pactos sociales, o al menos eso cree una parte del partido y del Gobierno.